Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La Secretaría de Obras Públicas comenzó a aplicar sanciones económicas contra empresas constructoras que incumplieron los tiempos pactados para entregar proyectos ejecutados con recursos estatales en distintos municipios de Tamaulipas.
El titular de la dependencia, Pedro Cepeda Anaya, confirmó que las penalizaciones derivan exclusivamente de retrasos injustificados, aunque aclaró que ninguna obra quedó abandonada o sin concluir por parte del gobierno estatal.
El funcionario explicó que uno de los casos más relevantes se registró en Matamoros, donde cinco contratos fueron sancionados por incumplir los plazos establecidos originalmente en los procesos de ejecución y entrega final.
Además de Matamoros, también se detectaron incumplimientos en municipios del sur del estado, donde varias compañías excedieron los tiempos contractuales comprometidos para concluir infraestructura pública financiada por el Estado.
Cepeda Anaya precisó que las multas aplicadas rondan los dos millones y medio de pesos, recursos derivados de cláusulas contractuales que permiten castigar retrasos atribuibles directamente a las constructoras responsables.
“No existen observaciones por obras inconclusas. Las sanciones fueron exclusivamente por atrasos en la entrega y se aplicaron conforme a los procedimientos establecidos en los contratos”, sostuvo el secretario estatal.
Detalló que cada obra cuenta con calendarios específicos de ejecución y cualquier incumplimiento puede generar penalizaciones económicas proporcionales al tiempo excedido y a los trabajos pendientes por concluir.
El titular de Obras Públicas subrayó que los proyectos ejecutados con recursos estatales son responsabilidad directa de la dependencia, deslindando a los ayuntamientos de cualquier intervención operativa o administrativa en dichas obras.
“Los municipios desarrollan sus propios proyectos, pero las obras estatales son supervisadas y ejecutadas completamente por nuestra Secretaría”, puntualizó el funcionario frente a medios de comunicación.
Cepeda Anaya aseguró que actualmente se reforzó la supervisión técnica y administrativa para evitar incumplimientos, especialmente en municipios donde existe intensa actividad política rumbo al próximo proceso electoral.
Sostuvo que el objetivo principal es impedir retrasos que terminen afectando directamente a la ciudadanía, particularmente en infraestructura urbana, vialidades y proyectos donde los tiempos de entrega resultan prioritarios.
