Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agentes de Tránsito que permitan el traslado de vehículos al corralón pese a la presencia del conductor podrían incurrir en abuso de autoridad y enfrentar denuncias penales, advirtieron abogados consultados.
Especialistas en materia penal señalaron que la negativa de oficiales viales para respetar la reciente reforma a la Ley de Tránsito del Estado podría configurar responsabilidades administrativas y delitos previstos en el Código Penal.
La disposición vigente desde el pasado 24 de marzo establece que, si el propietario o conductor llega antes de que la grúa inicie el traslado, el vehículo no puede ser retirado.
Incluso, la norma obliga a bajar la unidad sin cobro alguno cuando ya se encuentre sobre la plataforma, aplicando únicamente la infracción correspondiente prevista en la legislación estatal.
Sin embargo, conductores afectados denunciaron que varios agentes continúan ignorando la reforma legal y permiten el arrastre hacia corralones pese a que los propietarios llegan oportunamente al sitio.
Uno de los casos ocurrió en las inmediaciones del Poder Judicial, donde un automovilista aseguró que alcanzó a llegar cuando la grúa apenas subía su vehículo a la plataforma.
El conductor relató que explicó al operador la existencia de la reforma, pero tras consultar telefónicamente con el agente vial, recibió instrucciones de continuar el traslado al corralón.
Abogados penalistas coincidieron en que esa conducta podría encuadrar en el delito de abuso de autoridad, al impedir deliberadamente la aplicación de una disposición legal vigente en Tamaulipas.
El artículo 212 del Código Penal estatal contempla penas de dos a nueve años de prisión, multas económicas, destitución e inhabilitación para servidores públicos responsables de este tipo de conductas.
Los litigantes señalaron que el supuesto aplicable corresponde a impedir la ejecución de una ley o negar indebidamente servicios y protección que las autoridades están obligadas a garantizar.
Además de acudir ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, los afectados también pueden promover recursos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y presentar quejas ante Derechos Humanos.
Juristas consultados insistieron en la necesidad de presentar denuncias formales para evitar que continúen prácticas consideradas arbitrarias y frenar posibles abusos cometidos durante operativos de arrastre vehicular.
