Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un error cometido por el área jurídica del ITAVU terminó despojando a una mujer de su vivienda y terreno en Altamira, situación que derivó en una recomendación por violaciones a derechos humanos.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 14/2026, tras acreditar afectaciones al derecho de legalidad y seguridad jurídica de una residente afectada por irregularidades administrativas del instituto.
De acuerdo con el expediente, la afectada, originaria del poblado Chicayán, Veracruz, adquirió en 2002 dos terrenos de ocho metros por veinte en una colonia del municipio de Altamira.
Años después, durante el proceso de regularización impulsado por el ITAVU, las autoridades entregaron escrituras a colonos del sector, en un evento oficial realizado durante el año 2007.
Sin embargo, durante aquella ceremonia masiva únicamente le entregaron la documentación correspondiente a uno de los predios, informándole que el resto podría recogerlo posteriormente en oficinas del instituto.
La mujer acudió en repetidas ocasiones tanto a oficinas de Tampico como de Ciudad Victoria, pero durante años únicamente recibió evasivas y retrasos para concluir el trámite pendiente.
La situación escaló en 2016, cuando varias personas llegaron al terreno reclamando la propiedad y exigiendo el desalojo, argumentando que habían adquirido legalmente el inmueble.
Tras desarrollarse el litigio correspondiente, la afectada terminó perdiendo el terreno y la vivienda, luego de comprobarse que el ITAVU escrituró indebidamente la propiedad a nombre de un vecino.
Después de analizar pruebas y testimonios, la CODHET concluyó que existió responsabilidad administrativa del instituto, al violentarse derechos fundamentales relacionados con certeza jurídica y protección patrimonial.
La recomendación establece que el ITAVU deberá otorgar a la afectada otro terreno con valor equivalente, características similares, misma plusvalía y condiciones urbanas comparables al inmueble perdido.
Además, el organismo defensor de derechos humanos solicitó indemnizar económicamente a la víctima por gastos legales, pasajes, copias certificadas, peritajes y demás costos derivados del proceso judicial.
