Ciudad Victoria, Tamaulipas.— La expedición de documentos académicos sin reconocimiento oficial podría castigarse penalmente en Tamaulipas, luego de que diputados de Morena promovieran una reforma para frenar fraudes educativos y falsas instituciones.
La iniciativa plantea modificar el Código Penal estatal para tipificar como fraude la entrega de certificados, títulos profesionales y grados académicos carentes de validez oficial, cuando exista engaño deliberado y beneficio económico.
La propuesta busca sancionar a particulares o instituciones que cobren colegiaturas, trámites o procesos de titulación ofreciendo estudios aparentemente legales, pero sin autorización ni reconocimiento de las autoridades educativas correspondientes.
Durante la exposición legislativa se advirtió que numerosos estudiantes concluyen carreras completas creyendo cursar programas válidos, descubriendo posteriormente que los documentos obtenidos no tienen respaldo oficial ni utilidad profesional.
Los legisladores señalaron que estas prácticas afectan directamente el patrimonio familiar, el tiempo invertido y las expectativas laborales de jóvenes que apostaron por continuar su formación académica.
La reforma contempla aplicar sanciones únicamente en casos donde se compruebe intención de engañar, obtener ganancias ilícitas y aprovecharse deliberadamente de quienes buscan acceder a estudios superiores o especializaciones profesionales.
“Se pretende castigar a quienes hacen negocio con el esfuerzo y el futuro de los estudiantes”, expusieron diputados promoventes al presentar la iniciativa ante el Pleno del Congreso local.
Los impulsores del proyecto sostuvieron que detrás de cada título profesional existen años de sacrificios económicos, respaldo familiar y aspiraciones personales que no pueden quedar expuestos a simulaciones educativas.
Además, alertaron que este tipo de irregularidades provoca daños económicos, incertidumbre jurídica y afectaciones emocionales severas para quienes confiaron en escuelas o programas que operaban fuera de la legalidad.
La propuesta legislativa fue enviada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación, dentro de un proceso que busca endurecer medidas contra fraudes relacionados con servicios educativos en Tamaulipas.
