Ciudad Victoria, Tamaulipas.— En medio del debate nacional sobre derechos civiles y reconocimiento de nuevas estructuras familiares, la diputada local Guillermina Magali Deandar Robinson presentó una iniciativa para reformar el Código Civil de Tamaulipas y eliminar obstáculos legales que afectan a niñas y niños de familias homoparentales.
La legisladora de Morena sostuvo que la propuesta busca impedir que menores enfrenten problemas administrativos o incertidumbre jurídica al momento de ser registrados oficialmente dentro de su núcleo familiar.
Durante su intervención en el Congreso local, Deandar Robinson afirmó que las familias han evolucionado y que el Estado tiene la obligación de reconocerlas con igualdad, dignidad y plena protección jurídica.
Advirtió que diversas disposiciones vigentes en el Código Civil mantienen criterios restrictivos que dificultan el reconocimiento inmediato de hijos e hijas dentro de familias conformadas por parejas del mismo sexo.
La diputada señaló que mantener esas limitaciones representa una afectación directa al derecho de identidad, acceso a servicios médicos, educación y protección integral de la niñez desde el nacimiento.
“Ninguna niña o niño debe quedar atrapado en vacíos legales por prejuicios o por la forma en que está integrada su familia”, expresó durante la presentación de la iniciativa.
La propuesta plantea que el Registro Civil pueda reconocer legalmente la filiación de menores sin importar el sexo, estado civil o composición familiar de quienes ejercen responsablemente funciones de maternidad, paternidad o crianza.
Deandar Robinson aclaró que la reforma no pretende eliminar la figura tradicional de familia, sino ampliar la cobertura legal para garantizar igualdad de derechos a todas las familias tamaulipecas.
Subrayó que el interés superior de la niñez debe colocarse por encima de visiones excluyentes, privilegiando siempre el bienestar, estabilidad y seguridad jurídica de los menores.
Finalmente, la legisladora morenista insistió en que Tamaulipas debe avanzar hacia un marco legal más incluyente, donde todas las niñas y niños reciban el mismo reconocimiento y protección por parte del Estado.
