Ciudad Victoria, Tamaulipas.— El Instituto Nacional Electoral advirtió que aplazar la elección judicial no responde únicamente a un cambio de calendario, sino a evitar una crisis operativa de dimensiones nacionales.
El presidente de la Junta Local del INE en Tamaulipas, Sergio Bernal Rojas, sostuvo que la reforma electoral debe construirse con una visión integral y no limitarse solamente al aplazamiento del proceso.
Explicó que el organismo electoral impulsa la posibilidad de trasladar la segunda etapa de la elección judicial hasta junio del 2028 para evitar una saturación logística y administrativa.
Bernal Rojas señaló que el Congreso de la Unión cuenta con equipos técnicos y jurídicos especializados para realizar ajustes constitucionales y normativos sin generar vacíos legales durante el proceso electoral.
“El análisis debe ir mucho más allá de mover una fecha; también deben fortalecerse las reglas, los procedimientos y la organización de la elección judicial”, expresó el funcionario electoral.
El vocal ejecutivo confirmó que el INE entregó a la Cámara de Diputados un diagnóstico técnico donde expone riesgos operativos y tiempos necesarios para organizar correctamente ese ejercicio extraordinario.
Subrayó que existe consenso dentro del Instituto respecto a la necesidad de modificar el calendario originalmente previsto para la renovación de cargos del Poder Judicial en distintas entidades del país.
El funcionario explicó que realizar simultáneamente elecciones judiciales y comicios ordinarios provocaría una sobrecarga prácticamente inmanejable para la estructura electoral nacional y los organismos locales.
Detalló que el escenario proyectado contempla elecciones concurrentes para gubernaturas, alcaldías, congresos estatales, Cámara de Diputados y Poder Judicial, complicando severamente la operación de casillas y conteos.
De acuerdo con el INE, una jornada de esa magnitud obligaría a instalar más de 354 mil casillas y capacitar alrededor de tres millones de funcionarios electorales ciudadanos.
Además, sería necesaria la impresión cercana a mil millones de boletas, así como la fiscalización de más de 55 mil candidaturas y la preparación de miles de capacitadores electorales.
Bernal Rojas recordó que la pasada elección judicial dejó experiencias importantes en distintas regiones del país, por lo que insistió en escuchar a especialistas y autoridades con experiencia técnica.
Afirmó que cualquier modificación deberá construirse con responsabilidad institucional para garantizar procesos viables, ordenados y con capacidad real de operación frente al tamaño del reto electoral nacional.
