Ciudad Victoria, Tamaulipas.– A unos meses del arranque formal del proceso electoral, el INE advirtió que corresponde a los partidos políticos impedir que perfiles vinculados al crimen organizado lleguen a las boletas.
El consejero presidente de la Junta Local del INE, Sergio Bernal Rojas, sostuvo que actualmente los institutos políticos siguen siendo responsables directos de seleccionar y validar a sus candidatos.
Planteó incluso que, rumbo a las elecciones de 2027, los partidos podrían obligar a sus aspirantes a firmar autorizaciones para someterse a evaluaciones de integridad y revisión de antecedentes.
Bernal Rojas respaldó la discusión de una reforma electoral orientada a reforzar filtros contra candidaturas relacionadas con recursos ilícitos, corrupción o presuntos nexos con grupos delictivos.
Indicó que cualquier propuesta encaminada a blindar las elecciones debe analizarse con profundidad dentro del Congreso de la Unión y con participación de especialistas y fuerzas políticas.
La iniciativa impulsada a nivel federal contempla crear la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, un órgano dependiente directamente del Instituto Nacional Electoral.
Dicha comisión estaría integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General y tendría facultades específicas para revisar perfiles de aspirantes a cargos públicos.
El funcionario electoral aclaró que el INE esperará conocer el contenido definitivo de la reforma para determinar las atribuciones adicionales que eventualmente asumiría el organismo nacional.
Consideró que las reformas electorales han permitido fortalecer gradualmente los mecanismos democráticos del país, aunque reconoció que todavía existen áreas sensibles que requieren ajustes institucionales.
Bernal recordó que esta propuesta originalmente formaba parte del llamado “Plan A” de reforma electoral, aunque finalmente no prosperó en el Congreso federal en aquel momento.
Actualmente, explicó, el INE mantiene vigilancia sobre recursos utilizados en campañas mediante la Unidad Técnica de Fiscalización y apoyo de instituciones federales de supervisión financiera.
El debate resurge tras casos recientes de alcaldes, funcionarios y autoridades municipales señalados presuntamente por vínculos criminales, situación que encendió alertas dentro del sistema electoral mexicano.
