Ciudad de México.– La comparecencia de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, ante la Fiscalía General de la República terminó convertida en un acto de confrontación política acompañado por dirigentes y legisladores del PAN.
La mandataria estatal acudió a instalaciones de la FGR en la capital del país para entregar un escrito jurídico, luego de rechazar personalmente la diligencia ministerial relacionada con investigaciones federales sobre un operativo antidrogas realizado en Chihuahua.
Campos sostuvo que la autoridad federal intenta construir un caso en su contra utilizando de manera irregular una citación presentada bajo la figura de “testigo”, pese a que, afirmó, existen inconsistencias legales y constitucionales.
El caso gira alrededor de un operativo efectuado meses atrás en territorio chihuahuense, donde participaron presuntamente elementos vinculados a agencias estadounidenses, entre ellas la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.
Aunque el citatorio establecía que debía presentarse en Ciudad Juárez, la gobernadora decidió acudir a la sede central de la Fiscalía en la Ciudad de México acompañada por la dirigencia nacional panista.
La presencia de Campos derivó en un posicionamiento político encabezado por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, quien acusó al gobierno federal de intentar utilizar instituciones judiciales para presionar políticamente a opositores.
“Nadie le va a tocar un solo pelo a la gobernadora”, expresó el líder panista, al asegurar que el partido cerrará filas en defensa de la mandataria estatal.
Durante el acto, Roberto Gil Zuarth, integrante de la defensa jurídica de Campos, afirmó que la gobernadora decidió no rendir declaración debido a que el citatorio carece, según dijo, de fundamento legal suficiente.
El abogado sostuvo que la comparecencia planteada por el Ministerio Público mezcla figuras jurídicas incompatibles al citar simultáneamente normas aplicables tanto para testigos como para personas sujetas a investigación penal.
En el documento entregado a la Fiscalía, Campos argumentó que su presencia no representaba aceptación formal de la diligencia ni sometimiento a un procedimiento ministerial que, aseguró, invade garantías constitucionales vinculadas a su investidura.
La gobernadora afirmó que la Constitución protege a titulares de poderes ejecutivos estatales frente a actos de investigación personal mientras permanezcan bajo inmunidad constitucional derivada de su cargo público.
También acusó que la autoridad federal construyó una citación ambigua que no define claramente si se trata de una colaboración institucional, una entrevista testimonial o una posible investigación con implicaciones penales.
Campos advirtió que esa indefinición jurídica coloca a cualquier compareciente en riesgo de enfrentar una diligencia “preimputativa”, encubierta bajo el formato de entrevista ministerial.
La mandataria panista insistió en que existe un uso político de instituciones federales y sostuvo que la investigación busca generar desgaste público mediante procedimientos jurídicos que calificó como irregulares.
El caso ocurre en medio de una creciente tensión política entre gobiernos estatales de oposición y autoridades federales, particularmente por investigaciones relacionadas con seguridad, narcotráfico y cooperación internacional.
