Ciudad de México.– La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, acudió ante instalaciones de la Fiscalía General de la República, pero rechazó rendir declaración como testigo dentro de la investigación relacionada con un operativo donde participaron agentes estadounidenses.
La mandataria panista respondió al citatorio emitido por el Ministerio Público Federal, aunque calificó el requerimiento como ambiguo, contradictorio y sin sustento jurídico suficiente para obligarla a comparecer.
Mediante un documento entregado a la autoridad ministerial, Campos dejó asentado que no aceptaría someterse a ninguna diligencia de carácter testimonial ni a actos de investigación personal.
“Acudo únicamente para responder un oficio irregular y carente de fundamentación”, expuso la gobernadora en el escrito presentado ante funcionarios federales durante su visita a las oficinas de la FGR.
La mandataria sostuvo que mantiene disposición para colaborar institucionalmente con las investigaciones, siempre que las solicitudes se formulen oficialmente al Gobierno de Chihuahua y dentro del marco constitucional correspondiente.
Argumentó además que la legislación vigente no otorga facultades a la Fiscalía General de la República para citar directamente a gobernadores en funciones a comparecencias ministeriales.
Campos cuestionó también la falta de claridad sobre el propósito específico de la diligencia, al advertir que el citatorio mezclaba figuras jurídicas distintas sin definir su verdadera naturaleza.
La gobernadora afirmó que el documento ministerial la colocaba en una situación de incertidumbre jurídica, al ser convocada como testigo mientras simultáneamente se mencionaban disposiciones aplicables a personas investigadas.
En su posicionamiento, advirtió que esa dualidad representaba un riesgo procesal, pues una entrevista aparentemente testimonial podría convertirse posteriormente en un mecanismo para imputarle responsabilidades penales.
Campos insistió en que el Código Nacional de Procedimientos Penales protege a cualquier testigo de declarar sobre hechos que eventualmente pudieran derivar en una acusación en su contra.
La mandataria sostuvo que el caso no solamente afecta su esfera personal, sino también las garantías institucionales inherentes al cargo de titular del Poder Ejecutivo estatal que actualmente desempeña.
El caso surgió tras las investigaciones federales relacionadas con un operativo realizado en Chihuahua durante marzo pasado, en el que presuntamente participaron agentes extranjeros en acciones de seguridad.
