Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Bajo presión judicial y en medio de una creciente polarización política y social, el Congreso de Tamaulipas comienza a construir una ruta para desactivar el choque legislativo sobre la despenalización del aborto.
La estrategia que empieza a delinearse dentro del Poder Legislativo apunta a cumplir eventualmente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, evitando que el tema derive en una confrontación política abierta en el Pleno.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad, Lucero Deosdady Martínez López, reconoció que existen posiciones divididas incluso entre diputados de la misma Legislatura, pero admitió que la decisión final dependerá del mandato judicial.
“La Suprema Corte sigue con su procedimiento y, si determina que debe modificarse la legislación, el Congreso tendrá que acatar esa resolución”, expresó la legisladora al abordar el avance del tema.
Las declaraciones evidencian un escenario donde el Congreso busca trasladar el peso político de la decisión a la esfera judicial, evitando asumir directamente el costo de una votación altamente sensible.
La diputada reconoció que dentro del Legislativo persisten resistencias y diferencias ideológicas profundas, situación que ha impedido construir consensos definitivos sobre una eventual reforma en la materia.
“Mi intención sería llevar una propuesta al Pleno que garantice derechos y permita construir acuerdos, pero aquí las decisiones dependen de un órgano colegiado y no de una sola postura”, sostuvo.
Mientras los tiempos legales continúan avanzando, el Congreso mantiene la organización de mesas de análisis y foros con colectivos tanto a favor como en contra de la interrupción del embarazo.
Sin embargo, el avance del proceso judicial podría reducir considerablemente el margen para una discusión legislativa prolongada, dejando al Congreso prácticamente obligado a ajustar la normativa estatal.
“Seguimos revisando fechas para las mesas de diálogo que han solicitado distintos grupos, pero si la Corte ordena modificar la ley, tendremos que cumplir”, reiteró Martínez López.
La legisladora dejó abierta la posibilidad de que el Poder Legislativo impulse eventualmente una iniciativa propia, aunque insistió en que la prioridad será respetar lo que ha determinado la Suprema Corte.
“Existe la posibilidad de promover una propuesta legislativa, pero también está la obligación constitucional de acatar las resoluciones judiciales”, advirtió.
