Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ocho de cada diez gasolineras que operan en Tamaulipas presentan algún tipo de incumplimiento regulatorio, situación que las expone a sanciones e incluso clausuras.
El secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, informó que alrededor del 80 por ciento de las estaciones de servicio mantienen pendientes regulatorios.
Explicó que algunas irregularidades son consideradas graves por las autoridades federales, mientras que otras corresponden a faltas administrativas que pueden corregirse mediante procesos de regularización.
Detalló que los incumplimientos abarcan desde pagos por supervisión anual hasta obligaciones relacionadas con derechos, permisos y diversos requisitos establecidos por organismos reguladores.
Señaló que la dependencia estatal ha intensificado la orientación dirigida a permisionarios para ayudarlos a cumplir con la normatividad vigente en materia energética.
Recordó que antes de la reforma energética de 2013, Petróleos Mexicanos realizaba gran parte de los trámites regulatorios, situación que cambió con la apertura del sector.
Indicó que algunos empresarios desconocen que acumulan más de una década de rezagos en obligaciones relacionadas con pólizas de seguridad y diversos dictámenes técnicos.
Entre los pendientes detectados figuran trámites vinculados con normas emitidas por organismos reguladores como la Comisión Nacional de Energía y otras instancias especializadas.
Advirtió que cualquier estación de servicio que mantenga incumplimientos relevantes podría ser objeto de sanciones o incluso de clausura por parte de autoridades federales.
Precisó que mediante el programa Gasolineras del Pueblo se busca brindar acompañamiento para que los establecimientos corrijan observaciones y eviten consecuencias administrativas.
El funcionario reiteró que Tamaulipas cuenta actualmente con 621 estaciones de servicio, de las cuales cerca del 80 por ciento registra alguna irregularidad.
Explicó que las faltas graves son las que comúnmente derivan en cierres y sanciones, mientras que las no graves corresponden a aspectos administrativos menores.
Entre estos últimos casos mencionó deficiencias en señalización y otros requisitos operativos que han permanecido sin atender durante varios años.
Atribuyó parte de esta situación al proceso de apertura del mercado energético y a la incorporación de nuevos participantes tras la liberación de precios.
Respecto al suministro de combustibles, destacó que el estado impulsa un esquema de simplificación regulatoria para mejorar condiciones operativas de los expendedores.
