Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas rechazó categóricamente que exista persecución política contra Grupo Empresarial Dalka y sostuvo que el litigio responde exclusivamente a procedimientos legales sustentados en expedientes oficiales.
Consejero jurídico del Gobierno, asegura sin decir nombres, que el hijo del Gobernador, esté mencionado en la carpeta del proceso judicial.
El consejero jurídico de la Oficina del Gobernador, Marco Antonio García Barrientos, afirmó que las actuaciones estatales se han desarrollado bajo estricto apego a la ley.
Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, explicó que el conflicto jurídico acumula más de tres años de análisis administrativo, judicial y federal.
Precisó que dentro de los expedientes no existe evidencia relacionada con presuntos cobros indebidos ni solicitudes económicas atribuidas a funcionarios estatales y federales como es el caso de Américo Villarreal Santiago, actual delegado federal de los programas de Bienestar en el estado de Coahuila.
Aseguró que los señalamientos difundidos recientemente por representantes de la empresa – el Doctor Israel Alejandro Valadez Sánchez- nunca fueron incorporados formalmente como pruebas o argumentos legales dentro del proceso.
Indicó que ninguna autoridad jurisdiccional analizó esas acusaciones debido a que no formaron parte de las demandas, promociones o recursos presentados.
García Barrientos, sostuvo que las resoluciones emitidas por tribunales se construyeron exclusivamente sobre documentos oficiales, pruebas periciales y elementos integrados legalmente al expediente.
Añadió que las decisiones judiciales no se fundamentan en declaraciones mediáticas, sino en hechos acreditados mediante procedimientos establecidos por la legislación vigente.
El funcionario, destacó que diversas instancias estatales y federales han revisado las actuaciones gubernamentales sin encontrar irregularidades en las decisiones adoptadas.
Insistió en que el caso debe entenderse como una controversia jurídica compleja y no como un conflicto político impulsado desde la administración estatal.
Recordó que el origen del litigio se encuentra en un contrato firmado en marzo de 2023 para el suministro de despensas.
Posteriormente, explicó, el Gobierno estatal determinó rescindir dicho contrato al considerar incumplida una obligación esencial relacionada con garantías contractuales exigidas legalmente.
Tras la cancelación del acuerdo, la empresa promovió acciones legales para reclamar una indemnización por presuntos daños y perjuicios ocasionados.
El consejero recordó que una resolución inicial favoreció a la compañía, aunque posteriormente fue revocada por unanimidad por el Pleno del Tribunal.
Esa determinación ordenó reponer el procedimiento y más tarde fue respaldada por instancias federales al resolver un juicio de amparo.
Respecto a la investigación penal abierta contra el propietario de la empresa, aclaró que ésta no deriva de diferencias personales ni políticas.
Explicó que durante el desarrollo del litigio surgieron elementos documentales que motivaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
La autoridad investigadora solicitó información directamente a la institución afianzadora relacionada con las pólizas presentadas por la empresa durante el proceso.
De acuerdo con los datos obtenidos, surgieron diferencias entre las fechas señaladas en la demanda y los registros proporcionados por la afianzadora.
Mientras la empresa aseguró haber entregado las pólizas al firmar el contrato, la institución emisora reportó una expedición posterior de esos documentos.
García Barrientos, señaló que esa inconsistencia documental fue el elemento que originó las investigaciones actualmente desarrolladas por las autoridades correspondientes.
Subrayó que se trata de hechos contenidos en documentos oficiales y no de valoraciones políticas o interpretaciones mediáticas sobre el conflicto.
También rechazó versiones relacionadas con supuestas restricciones de movilidad para el empresario involucrado en el procedimiento penal actualmente vigente.
En la conferencia de prensa, en el salón Independencia, aseguro que “no existe ninguna medida cautelar de arraigo ni impedimento legal que limite los desplazamientos dentro o fuera del estado”, del empresario Israel Alejandro Valadez Sánchez-
Incluso reveló que el pasado tres de junio la defensa de la empresa solicitó una pausa judicial para explorar una posible conciliación.
Como parte de ese acercamiento, el representante empresarial acudió personalmente a Palacio de Gobierno para dialogar con autoridades estatales.
El funcionario aseguró que dicho encuentro demuestra apertura institucional, respeto al debido proceso y disposición permanente para escuchar a todas las partes.
Sostuvo que la administración estatal continuará defendiendo el interés público y el uso responsable de los recursos gubernamentales.
Recordó que posteriormente, el suministro alimentario fue canalizado mediante DICONSA, al considerar que ofrecía condiciones más favorables para el Estado.
Concluyó señalando que el desenlace del caso corresponderá exclusivamente a las autoridades competentes, mediante pruebas, expedientes y resoluciones judiciales.
