Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los ayuntamientos que incumplan con sus obligaciones de transparencia podrían enfrentar sanciones económicas, advirtió la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo.
La funcionaria estatal informó que actualmente se desarrolla una revisión para verificar qué sujetos obligados cumplieron con la publicación de información oficial en plataformas electrónicas.
Recordó que durante abril todas las dependencias, organismos y gobiernos municipales debieron actualizar sus portales con información pública, conforme a las disposiciones establecidas en materia de transparencia.
Explicó que la etapa de verificación ya se encuentra en marcha y permitirá identificar a las instituciones que atendieron sus responsabilidades y aquellas que permanecen rezagadas.
Pedraza Melo señaló que el objetivo principal es garantizar el acceso ciudadano a la información pública y fortalecer la rendición de cuentas en todos los niveles gubernamentales.
Advirtió que los entes que resulten omisos podrían enfrentar procedimientos administrativos que eventualmente derivarían en sanciones económicas contempladas dentro del marco legal vigente.
“No queremos llegar a medidas punitivas, pero la ley establece consecuencias para quienes incumplan y estamos obligados a hacer valer esas disposiciones”, puntualizó.
La titular de la dependencia precisó que las multas contempladas oscilan entre los 17 mil y los 270 mil pesos, dependiendo de la gravedad del incumplimiento detectado.
Subrayó que presidentes municipales, tesoreros, síndicos y funcionarios responsables del manejo de recursos públicos tienen obligaciones específicas relacionadas con la transparencia gubernamental.
Añadió que estos servidores públicos también deben garantizar la adecuada publicación de información financiera, administrativa y presupuestal que permita una supervisión ciudadana efectiva.
La funcionaria recordó que la transparencia constituye uno de los principales mecanismos para fortalecer la confianza social en las instituciones públicas y combatir posibles actos irregulares.
Destacó que el acceso oportuno a la información permite a la ciudadanía conocer el destino de los recursos públicos y evaluar el desempeño gubernamental.
Pedraza Melo aseguró que, antes de considerar sanciones, la dependencia ha privilegiado acciones preventivas para facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales.
En ese sentido, informó que se han desarrollado jornadas de capacitación y asesoría dirigidas a servidores públicos responsables de atender los temas de transparencia.
Estas acciones buscan que los sujetos obligados cuenten con herramientas suficientes para actualizar correctamente sus plataformas y responder solicitudes ciudadanas de información.
La secretaria reiteró que la intención del gobierno estatal no es recaudar recursos mediante sanciones, sino fomentar una verdadera cultura de transparencia institucional.
Sin embargo, dejó claro que las medidas preventivas tienen límites y que la autoridad deberá actuar cuando existan incumplimientos reiterados o injustificados.
“Hasta este momento hemos privilegiado la orientación y el acompañamiento, pero también debemos garantizar que la ley se respete”, enfatizó.
La revisión actualmente en curso permitirá conocer con precisión el nivel de cumplimiento de cada sujeto obligado dentro de la administración pública estatal y municipal.
Los resultados de esta evaluación definirán si existen casos que ameriten procedimientos administrativos o la imposición de sanciones económicas por incumplimiento.
