Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Auditoría Superior del Estado intensificó las acciones legales para recuperar recursos públicos presuntamente desviados, con una bolsa que supera los 60 millones de pesos.
El auditor superior Francisco Noriega Orozco informó que actualmente existen 27 expedientes promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa contra exfuncionarios y entes fiscalizados.
El objetivo de estos procedimientos es lograr que los responsables reintegren recursos observados durante las auditorías, principalmente derivadas de la revisión de cuentas públicas recientes.
De acuerdo con la ASE, el monto sujeto a resarcimiento oscila entre 50 y 60 millones de pesos, correspondientes a posibles daños ocasionados al erario.
Noriega explicó que los procesos de fiscalización requieren largos periodos de análisis, por lo que los resultados y denuncias suelen concretarse años después.
Precisó que la cuenta pública 2023 concluyó su revisión durante el año pasado, mientras que la correspondiente a 2024 permanece actualmente bajo evaluación.
El auditor señaló que las observaciones realizadas durante el ejercicio anterior alcanzaron alrededor de 12 mil millones de pesos en distintos conceptos revisados.
Sin embargo, aclaró que entre el 85 y 90 por ciento de las irregularidades detectadas corresponden a faltas administrativas consideradas no graves.
El porcentaje restante representa posibles conductas de mayor impacto, relacionadas con presuntos daños patrimoniales y probables actos de corrupción en recursos públicos.
La ASE estima que ese segmento concentra irregularidades por montos que fluctúan entre mil y mil 500 millones de pesos observados.
Paralelamente, el organismo ha sancionado a 133 servidores públicos por diversas faltas administrativas detectadas durante los procedimientos de revisión.
Las multas impuestas oscilan entre 12 mil y 200 mil pesos, aunque el auditor reconoció que no todas han sido cubiertas.
Explicó que muchas sanciones terminan convirtiéndose en créditos fiscales administrados posteriormente por la Secretaría de Finanzas del Estado.
Subrayó que la verdadera recuperación de recursos depende de las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa en cada expediente.
Noriega destacó que durante administraciones anteriores prácticamente no se promovían procedimientos encaminados a recuperar recursos observados por auditorías.
Recordó que en 2024 fueron presentados seis expedientes ante el Tribunal, mientras que durante 2025 la cifra aumentó hasta 21 casos.
Finalmente, advirtió que la falta de seguimiento de los órganos internos de control limita la efectividad del sistema anticorrupción estatal.
Expuso que numerosos expedientes por faltas administrativas menores quedan inconclusos, impidiendo conocer si realmente derivan en sanciones para los responsables.
