Monterrey.- El Congreso de Nuevo León dio un paso decisivo en el proceso contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, al aprobar en comisión el inicio de un juicio político por presuntas irregularidades financieras y actos de corrupción.
La Comisión Anticorrupción avaló el procedimiento al considerar elementos relacionados con una supuesta triangulación de recursos públicos cercana a los mil millones de pesos hacia empresas vinculadas al mandatario estatal.
Durante una sesión extraordinaria, seis legisladores de PRI, PAN y una diputada de Morena votaron a favor del dictamen, mientras Movimiento Ciudadano emitió el único sufragio en contra.
Tras esta aprobación, el expediente será turnado al Pleno del Congreso local y se notificará al gobernador para que presente su defensa correspondiente.
Samuel García contará con un plazo de quince días hábiles para rendir declaración, ya sea de manera presencial, por escrito o mediante representación legal.
Los trabajos de la Comisión iniciaron después de declararse en sesión permanente, propuesta impulsada por el diputado panista Carlos de la Fuente para analizar el asunto.
Posteriormente se decretó un receso de quince minutos y, una vez reanudados los trabajos legislativos, se procedió a la votación que dio luz verde.
La reunión estuvo marcada por la ausencia de tres integrantes de distintas fuerzas políticas, quienes justificaron previamente su inasistencia por compromisos adquiridos y motivos médicos.
No acudieron los legisladores morenistas Rodrigo Otoniel Montemayor y Mario Soto, además de Claudia Chapa, representante del Partido Verde Ecologista de México.
La solicitud de juicio político fue presentada el pasado ocho de junio por la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Anabel del Roble Alcocer.
La dirigente partidista sostuvo que existen elementos suficientes para investigar presuntas conductas relacionadas con corrupción y manejo irregular de recursos públicos durante la administración estatal.
Con la aprobación en comisión, el caso entra a una nueva etapa legislativa que podría derivar en uno de los procedimientos políticos más relevantes del actual sexenio estatal.
