Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral no está facultado para investigar antecedentes ni determinar la integridad de aspirantes, advirtió la consejera Frida Dennise Gómez Puga.
La integrante del Consejo General respondió así a la propuesta federal que busca involucrar al organismo electoral en la revisión de perfiles vinculados.
Gómez Puga sostuvo que la responsabilidad constitucional del INE se limita a organizar elecciones y garantizar legalidad, transparencia, certeza y equidad durante los procesos.
Subrayó que el organismo electoral no puede asumir funciones que lo coloquen como árbitro y al mismo tiempo evaluador de candidaturas políticas.
La propuesta impulsada por el Ejecutivo federal plantea la creación de una Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas dentro del Instituto.
El proyecto, presentado el pasado 22 de mayo, contempla la participación de cinco consejeros electorales y una presidencia con rotación anual.
La consejera explicó que actualmente la reforma continúa en análisis jurídico y todavía no existe una estructura formal para ponerla en marcha.
Precisó que una vez concluida la etapa legislativa será necesario definir procedimientos, criterios y lineamientos para determinar su funcionamiento operativo.
Según la iniciativa, dicha comisión serviría como enlace reservado entre partidos políticos y diversas instituciones de seguridad, inteligencia y fiscalización financiera.
Entre los organismos considerados figuran la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia.
La funcionaria electoral consideró indispensable que el Congreso delimite claramente las facultades del INE dentro de este eventual esquema institucional.
Explicó que el organismo podría recibir y canalizar información hacia las instancias competentes, pero no sustituir funciones de investigación especializada.
“La labor del Instituto es electoral, no de inteligencia ni de seguridad”, reiteró la consejera al referirse al alcance de la propuesta.
Añadió que este nuevo escenario obligará a los partidos políticos a actuar con mayor responsabilidad en la selección de sus candidatos.
Gómez Puga recordó que el INE carece de atribuciones legales para realizar investigaciones sobre posibles vínculos criminales o conductas ilícitas de aspirantes.
La consejera reconoció que el reto administrativo sería enorme, debido a que podrían revisarse más de 140 mil registros federales y locales.
Aun así, aseguró que el Instituto cuenta con capacidad operativa para procesar esa información, siempre que existan reglas claras y plazos definidos.
