A un año de la histórica elección judicial en Tamaulipas, el balance obliga a dejar de lado los extremos y revisar con objetividad sus resultados.
Ni fue el desastre que algunos anticipaban ni tampoco la transformación perfecta que sus impulsores prometieron durante el proceso de renovación institucional.
Ha sido, más bien, un año de ajustes, ‘aprendizaje’ y reacomodos que para muchos actores resultó incómodo, complejo y lleno de desafíos inesperados.
Las polémicas no han estado ausentes. Algunas decisiones de jueces de primera instancia provocaron críticas, cuestionamientos y debates sobre la calidad del nuevo modelo.
También han surgido controversias que alimentan la percepción de que todavía existen áreas importantes por corregir dentro de la estructura judicial.
Como el comportamiento de algunos jueces en contra de abogados que les duele, que les corrijan las etapas de los procedimientos en las audiencias orales.
Sin embargo, sería injusto ignorar que el Poder Judicial, ha logrado transitar este primer año sin sobresaltos institucionales de gran magnitud.
En buena medida, ello responde al trabajo realizado por la magistrada presidenta Tania Contreras López y por quienes integran actualmente el Poder Judicial.
La tarea no era sencilla. Se trataba de poner en marcha una estructura completamente nueva bajo el escrutinio permanente de actores políticos y ciudadanos.
Además, la exigencia pública ha sido mayor porque el nuevo modelo, nació acompañado de dudas sobre su independencia y capacidad operativa.
Precisamente por ello, uno de los principales desafíos ha consistido en demostrar que los juzgadores, actúan con imparcialidad y autonomía en sus resoluciones.
Tania Contreras, ha insistido públicamente en esa exigencia. También, en privado, ha promovido una cultura de responsabilidad institucional entre juezas y jueces.
Quienes conocen el funcionamiento interno del Poder Judicial, aseguran que existe autocrítica y conciencia sobre las debilidades que todavía deben corregirse.
Entre los pendientes, destaca la necesidad de fortalecer áreas especializadas y avanzar en la incorporación de jueces de oralidad civil y familiar.
Es una demanda creciente dentro del sistema judicial, y una necesidad que deberá atenderse para responder a una carga procesal cada vez mayor.
También es evidente que la responsabilidad de cada resolución corresponde a quienes la emiten y no exclusivamente a la presidencia del Poder Judicial.
Ninguna reforma puede blindarse contra errores individuales. Lo importante será que existan mecanismos eficaces para corregir desviaciones y sancionar conductas indebidas.
El nuevo Poder Judicial tiene además la obligación de despejar cualquier percepción de cercanía política con gobiernos, partidos o grupos de interés en Tamaulipas.
Un año después, la prueba sigue abierta. Pero si algo ha demostrado este periodo es que la legitimidad judicial no se decreta; se construye todos los días con independencia, resultados y confianza ciudadana.
