Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los ayuntamientos que concluyan su gestión con adeudos por concepto de impuesto sobre nómina podrían enfrentar nuevas restricciones legales, luego de una iniciativa impulsada por Morena para reforzar la rendición de cuentas durante los procesos de entrega-recepción municipal.
La propuesta plantea que toda administración saliente esté obligada a acreditar ante la Secretaría de Finanzas la inexistencia de pasivos fiscales relacionados con el impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado.
En caso de existir adeudos, los municipios deberán demostrar que fueron liquidados o presentar mecanismos administrativos que garanticen su pago inmediato, dejando constancia formal dentro de las actas de entrega-recepción.
La iniciativa surge ante la recurrencia de administraciones municipales que concluyen funciones heredando compromisos fiscales pendientes, situación que complica la operación financiera de los nuevos gobiernos.
De acuerdo con la exposición de motivos, la falta de transparencia sobre estos pasivos genera incertidumbre presupuestal, limita la planeación de las administraciones entrantes y afecta la confianza ciudadana.
Se argumenta además que la legislación vigente contempla principios de disciplina financiera, legalidad y eficiencia en el manejo de recursos públicos, pero no obliga expresamente a comprobar el cumplimiento del impuesto sobre nómina.
Por ello, se propone incorporar el artículo 7 Bis a la legislación estatal correspondiente, con el propósito de cerrar vacíos normativos detectados en los procesos de transición gubernamental.
La reforma busca garantizar que los cambios de administración se desarrollen bajo condiciones financieras claras, evitando que los nuevos gobiernos reciban cargas económicas que no generaron.
Entre los beneficios planteados destacan el fortalecimiento de la disciplina financiera municipal, una mayor transparencia en el manejo de recursos públicos y la protección de la estabilidad presupuestal.
También se pretende fortalecer la confianza ciudadana mediante mecanismos que permitan conocer con precisión la situación fiscal en que cada gobierno entrega sus responsabilidades.
La iniciativa señala que la medida es congruente con los principios establecidos en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, que obliga a una administración responsable de los recursos públicos.
Asimismo, se destaca su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, particularmente aquellos relacionados con instituciones sólidas, transparencia gubernamental y crecimiento económico sustentable.
Los promoventes sostienen que la entrega-recepción no debe limitarse a un trámite administrativo, sino convertirse en un ejercicio efectivo de responsabilidad pública y rendición de cuentas.
Finalmente, se advierte que acreditar el cumplimiento de obligaciones fiscales representa una garantía de estabilidad para los nuevos gobiernos municipales y una obligación ética frente a la ciudadanía.
