Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante el creciente número de familias afectadas por incrementos desproporcionados en el costo de las rentas, el diputado Armando Zertuche Zuani propuso una estrategia para informar a los arrendatarios sobre los límites legales que existen en Tamaulipas para evitar cobros abusivos.
La iniciativa plantea solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente la puesta en marcha de una campaña informativa dirigida a quienes habitan viviendas rentadas en la entidad.
El propósito es que los ciudadanos conozcan los derechos que les otorga la legislación estatal y puedan identificar cuándo un aumento en la renta rebasa lo permitido por la ley.
Zertuche advirtió que miles de personas desconocen que el Código Civil de Tamaulipas establece restricciones específicas para los incrementos aplicables a las rentas de casas habitación.
Expuso que, debido a esa falta de información, numerosos arrendatarios aceptan aumentos excesivos sin saber que cuentan con herramientas legales para defenderse.
De acuerdo con cifras oficiales, en Tamaulipas existen más de un millón de viviendas y cerca del 20 por ciento son ocupadas bajo esquemas de arrendamiento.
Esto significa que más de 200 mil hogares dependen de una renta para acceder a una vivienda, cifra que continúa creciendo año con año.
El legislador destacó que entre los principales afectados se encuentran madres solteras, estudiantes universitarios, trabajadores que viven lejos de su lugar de origen, maestros y elementos de seguridad.
Señaló que en diversos municipios se ha vuelto recurrente la queja por aumentos abruptos en las mensualidades al momento de renovar contratos de arrendamiento.
Recordó que la legislación vigente establece que las rentas de vivienda únicamente pueden incrementarse una vez al año y bajo parámetros claramente definidos.
Sin embargo, sostuvo que en la práctica muchos propietarios imponen ajustes superiores a los permitidos, aprovechando el desconocimiento de quienes alquilan una casa.
El diputado explicó que algunas familias destinan entre el 30 y el 40 por ciento de sus ingresos mensuales únicamente al pago de la renta.
Esa situación, dijo, impacta directamente la economía familiar y limita la capacidad de cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud y educación.
La propuesta busca que el Gobierno estatal difunda de manera clara los alcances de la ley y oriente a los ciudadanos sobre dónde acudir en caso de abusos.
También pretende fortalecer la cultura de la legalidad en el mercado inmobiliario y evitar que las personas permanezcan en estado de indefensión.
Zertuche consideró que garantizar el acceso a una vivienda digna no solo implica construir casas, sino proteger a quienes dependen del arrendamiento para tener un hogar.
