Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Dejar de pagar la pensión alimenticia ya no será visto únicamente como una falta de responsabilidad familiar. Los diputados aprobaron reformas para que el incumplimiento total o parcial de esta obligación sea reconocido como una forma de violencia económica contra las mujeres.
Con esta actualización, la norma establece que cualquier acción u omisión que perjudique la supervivencia económica femenina podrá ser considerada violencia económica, incluyendo ahora el incumplimiento alimentario.
El dictamen aprobado señala que la falta de estos recursos impacta de manera inmediata la economía de las madres responsables del cuidado de sus hijos.
Además, advierte que esta conducta también repercute negativamente en niñas, niños y adolescentes que dependen de dichos recursos para cubrir necesidades básicas.
Los legisladores destacaron que la omisión en el pago de alimentos afecta aspectos fundamentales como la alimentación, la atención médica y la permanencia escolar de los menores.
Las comisiones encargadas del análisis argumentaron que anteriormente esta conducta podía interpretarse como violencia económica, aunque no aparecía expresamente descrita en la ley.
Esa ausencia, señalaron, generaba limitaciones para aplicar con mayor claridad algunos mecanismos institucionales de atención y protección para las víctimas.
Con la reforma, las autoridades tendrán un sustento legal específico para identificar el incumplimiento alimentario como una manifestación directa de violencia económica.
La nueva disposición permitirá activar con mayor precisión los procedimientos de acompañamiento, orientación y protección previstos dentro del marco normativo estatal.
El Congreso consideró que esta medida fortalece los instrumentos legales destinados a garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley.
Asimismo, busca brindar a las mujeres mayores herramientas jurídicas para reclamar el pago oportuno de los recursos destinados al sostenimiento de sus hijos.
Los legisladores subrayaron que el cambio también contribuye a visibilizar una problemática recurrente que afecta a miles de familias en distintas regiones del estado.
La reforma reconoce que el incumplimiento de la pensión alimenticia genera consecuencias económicas prolongadas que terminan agravando condiciones de vulnerabilidad familiar.
Además, establece un precedente para que las instituciones encargadas de combatir la violencia de género actúen con mayor eficacia ante este tipo de casos.
El dictamen resalta que la corresponsabilidad parental debe mantenerse aun después de una separación o conflicto familiar, privilegiando siempre el interés superior de los menores.
