El patrón de crecimiento del PIB por sexenio muestra una clara tendencia descendente desde los gobiernos neoliberales hasta los gobiernos de Morena, evidenciando un estancamiento estructural que ya rebasa coyunturas específicas como crisis financieras o la pandemia. Esta trayectoria obliga a replantear de fondo el modelo de desarrollo y la gobernanza económica, más allá de la simple alternancia partidista.
Diversas estimaciones con base en INEGI y análisis de especialistas sitúan los promedios anuales de crecimiento del PIB aproximadamente en: Salinas 3.9–4.0%, Zedillo 3.2–3.5%, Fox alrededor de 2.0–2.2%, Calderón cerca de 1.8–1.9%, y Peña Nieto alrededor de 2.2–2.4%. Con López Obrador, el promedio anual se ubica en un rango cercano a 0.8–1.1%, constituyendo el peor desempeño en al menos seis sexenios, fuertemente afectado por la recesión previa y el colapso sanitario de 2020.
Esta caída no puede explicarse solo por la pandemia, ya que cuatro de los últimos cinco sexenios también enfrentaron recesiones internas o externas (1994–95, 2001, 2009), y aun así mantuvieron tasas cercanas o superiores a 2%. Más bien se observa un círculo vicioso de baja inversión, productividad estancada, informalidad persistente y deterioro institucional que ha ido reduciendo la capacidad de crecimiento de la economía mexicana.
El sexenio de López Obrador apostó a la austeridad, la recentralización del poder y la expansión de programas sociales, sacrificando inversión pública productiva, certidumbre regulatoria y capacidad técnica del Estado. Esto se tradujo en menor dinamismo de la inversión fija, salida de capital privado en sectores estratégicos (energía, infraestructura) y un uso fiscalmente costoso de empresas públicas con resultados productivos limitados.
La herencia que recibe el gobierno de Claudia Sheinbaum es, por tanto, la de una economía con bajo crecimiento tendencial, márgenes fiscales estrechos, menor producción petrolera y mayores rezagos en salud, empleo formal y seguridad. En este contexto, un arranque sexenal en torno a 0.7% de crecimiento promedio refuerza la percepción de continuidad de un modelo que privilegia el control político sobre la eficiencia económica y la competitividad de largo plazo.
Para romper la inercia de crecimiento mediocre, se requieren al menos cinco virajes estratégicos.
Primero, reconstruir la confianza en reglas del juego estables, fortaleciendo el Estado de derecho, la autonomía de reguladores y la certidumbre en contratos, en particular en energía, infraestructura y nearshoring.
Segundo, relanzar una política de inversión pública y privada complementaria, orientada a logística, puertos, corredores industriales y transición energética, con criterios técnicos y no clientelares.
Tercero, articular una política industrial y regional que vincule a pymes, cadenas exportadoras y economía del conocimiento, cerrando brechas entre norte, centro y sur-sureste.
Cuarto, apostar por capital humano: educación media y superior pertinente, salud y cuidados como plataforma de productividad, no solo como gasto social. Quinto, establecer una gobernanza económica basada en evidencia, transparencia y evaluación, que convierta los programas sociales en verdaderas palancas de movilidad social y no solo de contención de la pobreza.
