Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas mantiene bajo reserva 250 solicitudes de información pública relacionadas con investigaciones en curso, al considerar que revelar esos datos podría afectar procesos legales.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, explicó que la medida busca proteger el debido proceso y evitar que investigaciones abiertas resulten comprometidas.
Precisó que la dependencia, creada en julio de 2025, determinó clasificar esos expedientes porque contienen información vinculada con carpetas de investigación y procedimientos administrativos todavía vigentes.
Explicó que varias solicitudes buscan conocer cuántas investigaciones enfrenta una persona, el tipo de expediente existente y el avance de cada procedimiento oficial.
Sostuvo que proporcionar esa información antes de concluir los procesos podría entorpecer las investigaciones o generar ventajas indebidas para quienes son objeto de las indagatorias.
Desde la creación de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, en julio del año pasado, el organismo ha recibido alrededor de cinco mil solicitudes de información pública.
La funcionaria afirmó que más de la mitad de esas peticiones fueron respondidas dentro de los plazos establecidos por la legislación en materia de transparencia.
Detalló que aproximadamente el diez por ciento de las solicitudes corresponden a información clasificada, debido a que involucran expedientes cuya difusión está restringida por disposición legal.
Indicó que el criterio aplicado busca impedir filtraciones que permitan conocer anticipadamente estrategias, diligencias o actuaciones antes de su formalización ante las autoridades competentes.
Pedraza Melo insistió en que la prioridad es garantizar investigaciones imparciales y proteger la legalidad de cada procedimiento hasta que las autoridades concluyan las etapas correspondientes.
La titular de la dependencia pidió comprensión a la ciudadanía, al señalar que la reserva temporal responde exclusivamente a la obligación de preservar el debido proceso y la certeza jurídica.
