Si no hay cambios de última hora, el Congreso del Estado estará a punto de abrir uno de los capítulos más delicados del año legislativo: la revisión de 199 informes de resultados elaborados por la Auditoría Superior del Estado, correspondientes al ejercicio fiscal 2024.
No se trata de un trámite parlamentario cualquiera. Detrás de esos expedientes se encuentran observaciones millonarias, presuntas irregularidades administrativas y el manejo de recursos públicos que ahora deberán enfrentar el escrutinio de los diputados.
La intención de la Legislatura, es dejar resuelto este tema antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, dando salida a un trabajo que durante meses exigieron los propios legisladores, a la Auditoría Superior del Estado, para acelerar la fiscalización de las cuentas públicas.
Sin embargo, lo verdaderamente llamativo son las cifras.
Las Comapas concentran observaciones que, en conjunto, superan los 11 mil millones de pesos, un monto sin precedente en la historia reciente de Tamaulipas y que coloca a estos organismos operadores del agua bajo la lupa.
Dos casos destacan por encima del resto: las Comapas de Matamoros y Ciudad Victoria, que juntas acumulan más de 8 mil millones de pesos observados, recursos cuya comprobación sigue siendo insuficiente dentro de las auditorías practicadas.
Antes de llegar al Pleno, todos estos informes deberán pasar por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, donde comenzará el primer filtro político y técnico que permitirá conocer qué expedientes avanzan y cuáles podrían generar un debate más intenso.
Todo indica que ese análisis, iniciará la próxima semana, con la intención de que las cuentas públicas sean votadas antes de concluir el periodo ordinario de sesiones.
Pero las observaciones no terminan en las Comapas.
También aparecen organismos públicos cuyas cifras llaman poderosamente la atención, entre ellos el Tribunal Electoral de Tamaulipas, con casi 10 millones de pesos observados, además del Poder Judicial del Estado, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Instituto de Transparencia y diversos entes públicos que igualmente deberán responder por las inconsistencias detectadas.
Si la mayoría legislativa mantiene la ruta prevista, el Congreso también resolverá las cuentas públicas de los 43 ayuntamientos, revisando peso por peso el manejo de los recursos municipales.
Y ahí también aparecen nombres conocidos.
Los municipios de Matamoros, Reynosa y Tampico concentran algunas de las observaciones más elevadas.
En el caso de Tampico, las observaciones superan los 500 millones de pesos, recursos cuya comprobación aún deberá ser aclarada ante la autoridad fiscalizadora.
El dato político tampoco pasa inadvertido. Las observaciones alcanzan por igual a administraciones emanadas de Morena y del PAN, por lo que, al menos en el discurso, la fiscalización parece no distinguir colores partidistas.
Ahora vendrá la prueba de fuego para los diputados.
Porque una cosa es exigir transparencia desde la tribuna y otra muy distinta votar expedientes que involucran miles de millones de pesos, alcaldes, organismos públicos y dependencias con enorme peso político para el partido en el poder.
La próxima semana comenzará a despejarse la incógnita: si el Congreso realmente aplicará la lupa a todas las cuentas públicas o si, una vez más, las mayorías terminarán imponiendo la política sobre la fiscalización.
