Ciudad Victoria.- La tortura continúa registrándose en Tamaulipas pese a su prohibición legal, por lo que la Comisión de Derechos Humanos insistió en fortalecer prevención, denuncias e investigaciones.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la CODHET han emitido recomendaciones contra corporaciones federales y estatales por detenciones arbitrarias vinculadas con actos de tortura.
Además, colectivos de búsqueda y víctimas han denunciado agresiones físicas y psicológicas atribuidas a grupos criminales que operan principalmente en municipios fronterizos como Reynosa y Matamoros.
Aunque la legislación estatal y federal sanciona severamente ese delito, las autoridades mantienen programas permanentes de capacitación dirigidos a policías para prevenir cualquier práctica violatoria de derechos.
El representante jurídico de la CODHET, Rey Jesús Szimansky López, explicó que la tortura puede manifestarse mediante agresiones físicas o psicológicas con consecuencias permanentes para las víctimas.
Precisó que una denuncia verbal resulta suficiente para iniciar la intervención del organismo, levantar el expediente correspondiente y brindar acompañamiento psicológico y asesoría jurídica especializada.
Añadió que posteriormente las víctimas son canalizadas ante la Fiscalía competente, institución responsable de realizar las investigaciones penales y determinar las responsabilidades legales correspondientes.
Szimansky recordó que la Organización de las Naciones Unidas atribuye la tortura exclusivamente a servidores públicos, mientras que la legislación mexicana también contempla particulares con respaldo estatal.
Por su parte, la psicóloga Gladys Guadalupe Navarro Aguilar señaló que numerosas víctimas desconocen que las agresiones sufridas pueden constituir actos de tortura conforme al marco legal.
Explicó que las evaluaciones psicológicas determinan el nivel de afectación emocional, complementándose con entrevistas clínicas, antecedentes personales y exámenes médicos para fortalecer la investigación correspondiente.
La especialista aclaró que no cualquier episodio de maltrato configura jurídicamente tortura, aunque sí pueda generar secuelas emocionales importantes que requieren atención profesional especializada.
Subrayó que las conclusiones psicológicas nunca establecen directamente la existencia de tortura, sino la magnitud del daño emocional, el cual posteriormente se analiza dentro del contexto integral.
Navarro Aguilar explicó que el delito únicamente puede configurarse cuando interviene un servidor público o un particular que actúe con consentimiento, respaldo o aquiescencia de autoridades estatales.
