Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas concluyó la revisión legislativa de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2024 al aprobar los dictámenes que desaprueban 90 entes fiscalizados, entre ayuntamientos, organismos y dependencias estatales.
Es una cifra récord en esta legislatura y exhibe las irregularidades de los Alcaldes y Comapas
Durante la sesión ordinaria de este lunes, el Pleno validó 199 informes individuales elaborados por la Auditoría Superior del Estado, como parte del proceso anual de fiscalización del manejo financiero.
Del total de revisiones practicadas, 162 correspondieron a auditorías financieras enfocadas en verificar el ejercicio de recursos públicos, contratos, comprobación del gasto y cumplimiento normativo por parte de los entes.
Como resultado de esas evaluaciones, la Auditoría Superior determinó que 83 organismos no lograron solventar las observaciones formuladas durante el procedimiento de revisión, manteniendo irregularidades pendientes de aclaración.
Además, fueron analizadas 30 auditorías de desempeño orientadas a evaluar la correcta ejecución de programas públicos, de las cuales siete concluyeron con resultados desfavorables para los entes.
Estas auditorías valoran si los proyectos financiados con recursos públicos alcanzaron los objetivos previstos, respetaron la normatividad vigente y generaron beneficios concretos para la ciudadanía.
El presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Eliphalet Gómez Lozano, explicó que la aprobación legislativa mantiene vigentes las observaciones formuladas oficialmente.
Precisó que, una vez avalados los informes por el Congreso, los organismos observados contarán con un plazo de 90 días hábiles para presentar documentación comprobatoria.
Si al concluir ese periodo las inconsistencias permanecen sin solventarse, la Auditoría Superior del Estado podrá promover denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
También estará facultada para presentar procedimientos de responsabilidad administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, dependiendo de la naturaleza y gravedad de cada irregularidad detectada.
El auditor superior del Estado, Francisco Noriega Orozco, había informado previamente que los entes con observaciones deberán justificar recursos públicos superiores a los 14 mil millones de pesos.
De acuerdo con esa información, las principales inconsistencias financieras se concentran en 40 ayuntamientos tamaulipecos y diversos organismos operadores de agua potable y alcantarillado del estado.
