Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Congreso de Tamaulipas modificó el Código Municipal para establecer que una vinculación a proceso ya no impedirá, por sí sola, ocupar cargos municipales.
De esta manera el Congreso en Tamaulipas flexibiliza los requisitos para ocupar cargos municipales
Los diputados aprobaron la reforma durante la sesión plenaria, dispensando su análisis en comisiones por considerarla de urgente resolución y necesaria para actualizar la legislación estatal.
El cambio responde a la obligación de armonizar las normas locales con la Constitución, así como con los criterios emitidos por la Suprema Corte y el Tribunal Electoral.
Hasta antes de esta modificación, cualquier ciudadano vinculado a proceso por un delito doloso quedaba automáticamente impedido para aspirar a una alcaldía, sindicatura o regiduría.
Con la reforma aprobada, la restricción únicamente aplicará cuando, además de la vinculación a proceso, un juez determine imponer prisión preventiva como medida cautelar.
El decreto incorpora además un nuevo supuesto de inelegibilidad, estableciendo que tampoco podrán integrar un ayuntamiento quienes tengan una sentencia firme por delito doloso.
La actualización legislativa también modifica las disposiciones relacionadas con la permanencia en el cargo de presidentes municipales, síndicos y regidores durante el ejercicio constitucional.
A partir de ahora, la suspensión o revocación del nombramiento únicamente procederá cuando exista vinculación a proceso acompañada por una medida cautelar de prisión preventiva dictada judicialmente.
Los legisladores argumentaron que la legislación anterior afectaba el principio constitucional de presunción de inocencia al imponer consecuencias políticas antes de una sentencia definitiva.
La iniciativa retoma criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que consideran inconstitucional restringir derechos político-electorales únicamente por enfrentar un proceso penal abierto.
Asimismo, incorpora jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que la prisión preventiva, y no la vinculación, suspende temporalmente esos derechos.
Con esta reforma, el Congreso eliminó la restricción automática derivada de una vinculación a proceso y fijó nuevas reglas para acceder o permanecer en cargos municipales.
