Durante años, los gobiernos municipales del PAN en El Mante dejaron una bomba de tiempo financiera. Hoy comienza a conocerse una parte de esa herencia que amenaza directamente al municipio.
No se trata de un simple adeudo administrativo. Lo verdaderamente grave es que se descontaron impuestos a trabajadores municipales, pero esos recursos jamás fueron enterados al Servicio de Administración Tributaria.
Es decir, el dinero retenido a empleados del Ayuntamiento y del DIF desapareció del destino que legalmente correspondía. La deuda supera los 26 millones de pesos.
El riesgo no termina en los números. Si esos adeudos permanecen sin atender, el SAT puede retener participaciones federales para cobrarse directamente, afectando programas, obras y servicios municipales.
Eso significaría paralizar parte del funcionamiento del Ayuntamiento. Los ciudadanos terminarían pagando las consecuencias de decisiones irresponsables tomadas por administraciones que ocultaron información durante la entrega-recepción.
Todavía resulta más delicado conocer que esos pasivos nunca fueron reportados oficialmente al nuevo gobierno municipal. Es decir, además del adeudo, existió una omisión institucional difícil de justificar.
Frente a ese escenario, Patty Chío tomó una decisión políticamente complicada, pero financieramente responsable: aprovechar estímulos fiscales para liquidar obligaciones heredadas y proteger el presupuesto de los mantenses.
No es una medida popular porque implica destinar recursos actuales para cubrir errores ajenos. Sin embargo, permitir que el SAT embargue participaciones resultaría mucho más costoso para El Mante.
El respaldo unánime del Cabildo refleja que existe conciencia sobre la gravedad del problema. Primero deben rescatarse las finanzas municipales; después vendrá el momento de deslindar responsabilidades administrativas o legales.
La lección política es clara. Gobernar también significa responder por los daños heredados. Hoy Patty Chío intenta ordenar las finanzas; mañana corresponderá a las autoridades determinar quiénes convirtieron las retenciones de los trabajadores en una deuda que nunca debió existir.
Cayó un intocable
Ayer, trabajadores y funcionarios de la Secretaría de Bienestar no ocultaron su satisfacción por la salida de Samuel Badillo. Su destitución cerró una etapa marcada por fuertes cuestionamientos.
Sobre el exsubsecretario pesan señalamientos relacionados con presuntas extorsiones para favorecer licitaciones. Sin embargo, las acusaciones que más dañan su imagen son las denuncias por supuesto acoso sexual.
Uno de esos casos fue denunciado por la empleada Itzel “P”, quien, según su versión, terminó despedida después de presentar los señalamientos. Trascendió además la existencia de otros dos expedientes.
También circulan versiones sobre un presunto problema de adicciones que habría derivado en su atención dentro de una clínica especializada. Ese aspecto pertenece al ámbito personal y merece tratarse con responsabilidad.
Las adicciones constituyen un problema de salud, no un motivo de estigmatización. Lo verdaderamente relevante será determinar si existieron irregularidades en el ejercicio del cargo que deban investigarse institucionalmente.
Hasta ahora, únicamente el PRI ha solicitado la apertura de una investigación formal. Lo cierto es que Samuel Badillo perdió la confianza del gobernador y de su entorno político.
La salida del exsubsecretario no debería cerrar el caso. Si existen denuncias, testimonios o elementos documentales, corresponde a las autoridades esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho, como debe ser el caso de Norberto Barrón Barragán, quien se desempeñaba como secretario particular del gobernador Américo y de Jacobo Batarse, ex director general de Administración de la Oficina del Gobernador.
