El pasado 28 de junio se cumplieron 16 años del asesinato de Rodolfo Torre Cantú. Un crimen que, pese a su dimensión política, al tiempo transcurrido y a las investigaciones emprendidas, continúa sin una explicación judicial definitiva.
En 1994 fue privado de la vida el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta. Mario Aburto Martínez, señalado y sentenciado como autor material del magnicidio, permanece en prisión. Ese mismo año, José Francisco Ruiz Massieu, entonces secretario general del PRI, fue asesinado por Daniel Aguilar Treviño, quien también fue detenido y condenado.
En contraste, el homicidio de Rodolfo Torre Cantú y de otras cinco personas continúa impune. El expediente permanece bajo responsabilidad de la Fiscalía General de la República, sin que hasta ahora se conozcan avances concluyentes para identificar y procesar tanto a los autores materiales como a quienes habrían ordenado el oprobioso crimen.
En la crónica “Marinos, la pista que se desvaneció a 16 años del homicidio de Rodolfo Torre Cantú”, que escribí para la revista Proceso en la edición de julio, se recogen testimonios y elementos de una de las líneas de investigación del caso. Esa versión apunta a la presunta participación de elementos relacionados con la Secretaría de Marina.
De acuerdo con Alejandro Arochi, fiscal especializado que estuvo a cargo de las indagatorias, los agentes presuntamente involucrados murieron posteriormente en circunstancias extrañas que, a su juicio, debieron investigarse con mayor profundidad.
A lo largo de estos 16 años se han construido diversas versiones sobre la autoría y los motivos del asesinato. Una de ellas atribuye el ataque a grupos del crimen organizado que operaban en Tamaulipas y que, según esa hipótesis, habrían actuado porque el candidato no aceptó determinadas condiciones para el gobierno que estaba por iniciar.
Sin embargo, Arochi sostuvo que los elementos recabados durante su investigación apuntaban en otra dirección. Según su testimonio, el análisis de las armas, las diligencias ministeriales y otras evidencias lo llevaron a considerar la posible participación de agentes de la Marina.
“Las armas utilizadas en el multihomicidio eran de la Secretaría de Marina y, cuando cité a declarar a un alto funcionario de la Secretaría de Gobernación, la amenaza que dejó caer sobre mí me convenció de que la orden para matar a Rodolfo venía desde lo más alto del poder: ‘Déjese de chingaderas y no investigue más’”, relató Arochi durante la entrevista que me concedió en el restaurante Los Canarios, en Polanco.
¿Por qué matar a Rodolfo?
En 2010, después de dos administraciones federales encabezadas por el PAN, el PRI se preparaba para disputar nuevamente la Presidencia de la República en 2012. Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, incrementaba su presencia política y mediática.
El gobierno de Vicente Fox había quedado marcado por las expectativas incumplidas de la alternancia. Decepcionó a los mexicanos con un cambio que nunca llegó. Mientras que la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y su llamada guerra contra el narcotráfico habían bañado de sangre y muerte al país, y Tamaulipas era un campo de batalla entre las bandas del crimen.
En ese escenario, el desgaste del PAN y su derrota parecían inevitables. La posibilidad del regreso del PRI al poder federal comenzó a definir la disputa electoral.
Durante 2010 se renovaron 12 gubernaturas. En todas las entidades, el PRI se perfilaba como el gran ganador. En Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú encabezaba con mucho las encuestas, con 63 por ciento de las preferencias, frente al 14 por ciento del panista José Julián Sacramento Garza. El triunfo del priista estaba prácticamente asegurado.
Una de las hipótesis derivadas de la investigación sostiene que el asesinato tuvo un propósito político de mayor alcance: enviar un mensaje sobre los presuntos vínculos del priismo con la delincuencia organizada y descarrilar al PRI ante su avance electoral rumbo a 2012.
Había que decirle a la opinión pública nacional que el priismo, señalado por corrupción, sus vínculos con la delincuencia y, además, por tener en su historia una larga lista de asesinatos políticos, no debía regresar al poder ni en 2010 ni en 2012.
Por desgracia del destino, el nombre y la vida de Rodolfo Torre Cantú, según esta versión, ya habían sido decretados y decididos desde las más altas esferas del poder en México.
La mañana del domingo 27 de junio de 2010, un día antes del multihomicidio, un grupo de las Fuerzas Especiales de la entonces Procuraduría General de la República fue concentrado en el hangar de la institución en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
“Cuando había eventos especiales, nos concentraban un día antes”, recuerda uno de los elementos que participaron en esa tarea.
Según su testimonio, a las 11:00 horas del lunes 28 de junio, recibieron la instrucción de trasladarse en un avión de la Procuraduría a Ciudad Victoria, Tamaulipas, para iniciar las investigaciones y levantar los peritajes del atentado.
El ataque contra Rodolfo Torre Cantú había ocurrido a las 10:39 horas, es decir, 21 minutos antes de que les avisaran que debían moverse a la capital tamaulipeca.
A 26 años del crimen, el asesinato de Rodolfo Torre Cantú continúa siendo una herida abierta para Tamaulipas y para México. Ningún crimen político debe quedar sepultado por el tiempo ni protegido por redes de poder.
La Fiscalía General de la República tiene la responsabilidad de esclarecer todas las líneas de investigación, incluida la posible participación de servidores públicos, integrantes de corporaciones de seguridad, grupos delictivos o actores políticos.
También debe determinar si existieron actos de encubrimiento, alteración del expediente, pérdida de documentos o presiones contra quienes investigaron el caso.
La pregunta sigue sin una respuesta oficial: ¿quién ordenó matar a Rodolfo Torre Cantú?
Mientras esa interrogante permanezca abierta, la deuda del Estado mexicano con la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas seguirá intacta.
El gobierno de la transformación, que se jacta y presume de corregir los errores del pasado, saldaría una deuda con México y Tamaulipas reabriendo el caso y llevando ante la justicia a los verdaderos asesinos de Rodolfo, que hoy se pasean impunemente por el país.
