Alguien está sorprendiendo, o peor aún, engañando al diputado Humberto Prieto Herrera y al propio gobernador Américo Villarreal. Por segundo año consecutivo, el aumento salarial autorizado para la burocracia legislativa no apareció en las cuentas de los trabajadores.
Ese incremento, fue producto de un acuerdo entre la dirigencia del SUTSPET, encabezada por Blanca Valles, el gobernador Américo Villarreal y las secretarías de Finanzas y Administración. El compromiso existió y los recursos también.
Sin embargo, en el Congreso del Estado ocurrió algo distinto. Los trabajadores sostienen que el dinero nunca llegó, mientras el responsable del área de Recursos Humanos, Félix Emiliano Rodríguez Torres, guarda silencio.
Si esa versión resulta cierta, no se trata de un retraso administrativo. Estamos frente a un hecho que exige una explicación inmediata, porque el dinero destinado a los trabajadores simplemente desapareció de la nómina.
Toda la burocracia estatal, recibió el incremento salarial autorizado por Américo. Ocurrió en las dependencias del Gobierno y también en el Poder Judicial. Solamente en el Poder Legislativo el aumento quedó en el aire.
Los empleados exigen respuestas. No entienden cómo un derecho laboral previamente autorizado terminó convertido en incertidumbre. Lo peor es que esa omisión termina colocando bajo presión al propio Humberto Prieto.
Conociendo el discurso de cercanía con los trabajadores que ha sostenido el presidente de la Junta de Gobierno, resulta difícil pensar que conociera una decisión de esa naturaleza sin intervenir.
Si alguien retuvo esos recursos, corresponde identificar quién lo hizo, y el primer sospecho es Félix Emiliano Rodríguez Torres. Bajo qué argumento y dónde permanece ese dinero.
Si existiera una retención deliberada de recursos destinados a los trabajadores, el asunto dejaría de ser político para convertirse en un problema de responsabilidades administrativas e incluso penales. Además, llama la atención que los panistas, como oposición no reaccionen.
A este escenario se suma la información publicada por el periodista Rogelio Rodríguez, en su columna Confidencial, donde describe presuntos conflictos de interés y un manejo discrecional dentro de la estructura administrativa del Congreso.
En el centro de esos señalamientos aparece Manuel García Juárez, responsable de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros, un funcionario cuya permanencia ha sobrevivido a cambios políticos y legislaturas.
Su continuidad resulta llamativa. Llegó durante la etapa del grupo político encabezado por Francisco García Cabeza de Vaca y permaneció después de la llegada de Morena al Poder Legislativo, con el apoyo de Gerardo Peña y Felix “moyo” García.
Paradójicamente, Manuel García Juárez, es uno de los perfiles vinculados con el antiguo régimen panista y continúa administrando compras, contratos, servicios y buena parte del presupuesto del Congreso.
Dentro del Congreso, pocos desconocen la influencia que ejerce Manuel García Juárez. Hay quienes afirman que su margen de maniobra supera incluso al de muchos diputados y altos funcionarios legislativos.
También se mencionan versiones sobre un patrimonio inmobiliario que habría crecido de manera importante durante los años que ha permanecido en ese cargo. Son señalamientos que merecen ser aclarados.
A ello se agregan referencias sobre la empresa Tinnotex como uno de los principales proveedores del Congreso, así como los presuntos vínculos familiares que rodean los procesos internos de supervisión administrativa.
Si esos señalamientos carecen de sustento, la mejor forma de despejar cualquier duda es mediante auditorías técnicas, transparentes e independientes. La opacidad nunca fortalece la confianza pública.
Pero si existen irregularidades, entonces las instituciones tienen la obligación de investigarlas y sancionarlas. La lucha contra la corrupción no puede detenerse en la puerta del Congreso. Por eso, sería oportuno que el Auditor Superior del Estado Francisco Noriega, ‘espulgará’ los pesos y millones que se manejan en esas áreas.
También llama la atención el nivel de vida que proyectan los funcionarios administrativos. Félix Emiliano Rodríguez Torres y Manuel García Juárez, cambian de vehículos con una frecuencia que despierta comentarios dentro y fuera del Poder Legislativo.
Ni los diputados más prósperos del Congreso en Tamaulipas como como Elifa Gómez Lozano, Humberto Prieto, Sergio Arturo Ojeda, el empresario y diputado Marco Gallegos Galván, Pepe Schekaiban Ongay, Gerardo Peña, Ismael García Cabeza de Vaca, Vicente Verastegui o el diputado de MC Juan Carlos Zertuche Romero, cambian de vehículos tan rápido como estos dos funcionarios del Poder Legislativo en Tamaulipas.
Nadie puede ser cuestionado por prosperar con el fruto de su trabajo. Pero cuando la opacidad coincide con el manejo de recursos públicos, las explicaciones dejan de ser una cortesía para convertirse en una obligación. El Congreso no puede exigir transparencia hacia afuera mientras tolera dudas dentro de su propia estructura administrativa y ante eso, la Junta de Gobierno del Congreso debe reaccionar.
