Ciudad Victoria.- La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas abrió una investigación interna contra ocho elementos de la Guardia Estatal señalados por su presunta participación en el secuestro de un comerciante en Reynosa, mientras la Fiscalía General de Justicia desarrolla las indagatorias correspondientes.
El secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero, afirmó que la dependencia mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta ilegal y advirtió que, si se acreditan responsabilidades, los policías involucrados enfrentarán las sanciones previstas por la ley.
El funcionario precisó que el caso salió a la luz días después de los hechos, mediante una denuncia presentada ante la Dirección de Asuntos Internos, instancia que inició el procedimiento para reunir pruebas, testimonios y esclarecer lo ocurrido.
Explicó que la investigación se encuentra en la etapa de integración del expediente, proceso que puede prolongarse hasta tres meses antes de determinar si el asunto será turnado al Consejo de Desarrollo Policial.
Mientras concluyen las diligencias, los ocho elementos permanecen concentrados en instalaciones de la corporación como medida cautelar, derivada de una solicitud emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas.
Pancardo Escudero aclaró que los policías señalados no han sido suspendidos formalmente, debido a que cualquier determinación disciplinaria deberá ajustarse al procedimiento legal y respetar el debido proceso establecido.
Subrayó que la Secretaría trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia para aportar la información necesaria y, de comprobarse conductas delictivas, los implicados serán puestos a disposición de la autoridad judicial.
Reiteró que ningún servidor público contará con protección institucional si incurre en actos fuera de la ley y sostuvo que la corrupción no tendrá cabida dentro de la Secretaría de Seguridad Pública.
El titular de la dependencia informó que, en lo que va del año, 75 integrantes de la corporación han sido dados de baja por distintas irregularidades, incluidos los ocho investigados por presuntos actos de extorsión.
