Ciudad de México.- Una jueza federal impuso prisión preventiva al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete acusados por presuntos delitos relacionados con contrabando de combustibles.
La resolución fue emitida después de una audiencia inicial que se prolongó durante casi cuarenta horas, en la que la Fiscalía presentó decenas de datos de prueba.
El Ministerio Público Federal imputó a los involucrados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando, derivados de una investigación sobre importaciones irregulares de hidrocarburos.
La jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinó que cinco de los acusados permanecerán recluidos en el penal federal del Altiplano mientras continúa el proceso judicial.
Otros dos imputados enfrentarán el procedimiento desde sus domicilios debido a problemas de salud, mientras una mujer permanecerá internada en un penal del Estado de México.
La Fiscalía General de la República informó que las defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional para definir la situación jurídica de los procesados.
Las investigaciones señalan que el grupo participó presuntamente en un esquema para introducir combustible al país mediante declaraciones falsas ante las autoridades aduaneras.
De acuerdo con la FGR, el combustible ingresaba reportando menores volúmenes o bajo otra clasificación para evitar el pago de impuestos correspondientes.
Las autoridades sostienen que estas operaciones ocasionaron pérdidas millonarias al erario y representaron una fuente de financiamiento para organizaciones delictivas.
Las indagatorias establecen que las operaciones vinculadas con la empresa Ingemar provocaron un daño fiscal cercano a cuatro mil millones de pesos entre enero y julio de 2025.
Tras concluir la audiencia, Ernesto Ruffo Appel y los demás imputados fueron trasladados al penal del Altiplano bajo un fuerte dispositivo de seguridad encabezado por fuerzas federales.
