Ciudad de México.- Una jueza federal de Estados Unidos ordenó corregir de inmediato las condiciones del centro migratorio de Adelanto, California, donde han fallecido cuatro mexicanos bajo custodia.
La resolución obliga al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y a la empresa privada GEO Group a garantizar condiciones dignas para las personas detenidas.
La jueza Sunshine S. Sykes concluyó que la falta de agua potable, alimentos suficientes y atención médica adecuada podría violar la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense, que prohíbe tratos inhumanos.
El fallo judicial ocurrió apenas un día antes de que el Departamento de Estado devolviera al gobierno mexicano la carta diplomática que exigía corregir esas mismas irregularidades.
La demanda colectiva fue presentada en enero por personas recluidas en Adelanto, con representación de la organización Public Counsel, tras denunciar condiciones insalubres y deficiencias médicas persistentes.
El litigio surgió después del fallecimiento de los mexicanos Ismael Ayala Uribe y Gabriel García Avilés, quienes murieron con pocas semanas de diferencia durante el otoño pasado.
Los demandantes denunciaron falta de agua limpia, alimentación insuficiente, instalaciones insalubres y omisiones médicas para detectar enfermedades desde el ingreso de los migrantes al centro.
Como medida cautelar, la jueza ordenó garantizar agua potable permanente, alimentos suficientes, productos gratuitos de higiene, limpieza diaria, eliminación de moho y ropa adecuada al clima.
La resolución también obliga a proporcionar al menos cuatro horas diarias de patio, limitar el aislamiento y realizar dos revisiones cotidianas para verificar el estado físico de los detenidos.
Además, las autoridades disponen de catorce días para presentar un plan integral de atención médica, cuyo cumplimiento será supervisado por dos monitores independientes.
El Departamento de Seguridad Nacional evitó pronunciarse sobre la resolución y sostuvo, durante el juicio, que no puede responsabilizarse directamente por las acciones de GEO Group.
La orden judicial llegó después de meses de denuncias públicas, incluida una huelga de hambre iniciada en mayo por unos cuarenta migrantes recluidos en Adelanto y Desert View Annex.
La congresista Judy Chu calificó la resolución como una victoria importante, aunque advirtió que no compensa los años de abusos denunciados dentro del centro migratorio.
La embajada de México defendió la carta enviada a GEO Group al precisar que fue emitida en ejercicio de las facultades de protección consular previstas por la Convención de Viena.
Hasta ahora, suman 18 mexicanos fallecidos bajo custodia del ICE o durante operativos migratorios desde el inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump.
