La salida de Guadalupe Taddei deja al INE bajo una sospecha incómoda: quién vigiló los contratos millonarios mientras su presidencia acumulaba facultades y controversias administrativas.
Morena tampoco puede desentenderse del relevo. Sus legisladores participaron en las decisiones que rodearon aquella designación y ahora deberán responder por la nueva conducción electoral.
Taddei llegó mediante tómbola, después del fracaso de los acuerdos parlamentarios. Aquella vía fue legal, pero nunca sustituyó la obligación de exigir cuentas y resultados.
El problema no está solamente en su salida. Están los contratos cuestionados, los proveedores favorecidos y las explicaciones que debe recibir la sociedad mexicana porque está perdida la credibilidad del INE.
Si existieron beneficios indebidos, las auditorías deberán probarlos y establecer responsables. Pero ninguna investigación seria puede conformarse con la renuncia de quien encabezaba el Instituto.
El Consejo General es la máxima autoridad del INE. La Junta General Ejecutiva administra funciones esenciales mediante direcciones cuyo desempeño requiere vigilancia, controles y responsabilidades.
Las modificaciones sobre nombramientos ejecutivos concentraron poder en la presidencia y abrieron una discusión inevitable: cuántos contrapesos quedaron realmente disponibles para revisar decisiones administrativas delicadas.
También corresponde preguntar dónde estuvieron los mecanismos internos de control. Una institución que fiscaliza elecciones debe explicar cómo fiscaliza sus propios recursos y contrataciones públicas.
Los consejeros no necesariamente firman contratos ni administran cada compra. Precisamente por eso hace falta identificar responsabilidades, sin fabricar culpables ni extender absoluciones generales anticipadas.
El Congreso deberá elegir con cuidado a la nueva presidencia. Una designación de cuotas partidistas profundizaría la desconfianza justo cuando comienza un proceso electoral exigente.
Arturo Castillo y Carla Humphrey, Consejeros del INE, tienen experiencia y participan en un Consejo que necesitará reconstruir acuerdos. Su independencia deberá medirse por decisiones, no por etiquetas.
Pero existen consejeros de incorporación reciente que no participaron durante los años centrales de Taddei: Frida Gómez Puga, Blanca Cruz García y Arturo Chávez López.
Frida Denisse Gómez Puga conoce los mecanismos de fiscalización. Antes de llegar al INE, encabezó el Órgano Interno de Control del instituto electoral tamaulipeco, IETAM.
Esa trayectoria puede pesar cuando se discuta quién debe ocupar provisionalmente la presidencia. Su nombre tendría que examinarse con los mismos criterios exigidos al aspirante.
Si se busca una mujer para conducir temporalmente el Consejo General, Frida figura entre las opciones. Eso no implica apoyo asegurado ni una designación decidida.
Hay una distinción indispensable: el interinato lo resuelven los propios consejeros; la presidencia definitiva corresponde a Diputados, mediante convocatoria y procedimiento constitucional al nombramiento provisional.
También hay quienes se plantean renovar completamente el Consejo General. Una sacudida semejante exigiría reformas legales y garantías, no solamente indignación por las decisiones de Taddei.
La autonomía no se defiende con discursos. Se demuestra cuando las auditorías avanzan, los expedientes se abren y los responsables responden sin protección de grupos.
