La orden emitida por la Secretaría de Educación Pública, con el respaldo del Gobierno Federal, para desaparecer las escuelas militarizadas abrió un nuevo frente político en Tamaulipas, donde estas instituciones comenzaron a organizar su propia defensa.
Reynosa se convirtió este lunes en el primer escenario de esa reacción. Con el regreso de las actividades escolares, directivos, maestros, padres de familia y estudiantes cerraron filas.
El escenario es distinto en Ciudad Madero. La Academia Militarizada Marina Doenitz permanece cerrada tras la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años originaria de El Mante.
Hoy la Fiscalía sostiene que la menor murió por asfixia por sumersión dentro de un sanitario del plantel, un caso que cimbró a Tamaulipas y modificó la agenda política nacional.
En Reynosa, la defensa de la institución ya involucra a padres de familia y alumnos decididos a impedir el cierre del plantel. La primera postura pública la fijó su director.
El capitán primero Tomás Blanco de León, aseguró ante medios de comunicación: “Diariamente estoy en contacto con la Secretaría de Educación de Tamaulipas. La escuela no se cierra, eso fue lo que me dijeron, y la Secretaría emitirá un comunicado al respecto”.
La declaración abre una nueva interrogante política. Mientras la Federación ordena cerrar las escuelas militarizadas; desde Tamaulipas surge un mensaje completamente distinto que anticipa un conflicto institucional.
También obliga a hacer una precisión. No es lo mismo una escuela militar que una escuela militarizada. Son figuras jurídicas, administrativas y educativas completamente diferentes.
El propio director sostiene que el plantel forma parte de un proyecto impulsado por la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con instituciones similares establecidas en Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas.
Sin embargo, esa versión contrasta con la postura oficial de la Defensa Nacional, dependencia que públicamente se deslindó de la operación administrativa y educativa de esos planteles.
Por ello será indispensable revisar acuerdos, decretos y documentos oficiales. La diferencia jurídica será determinante para conocer hasta dónde puede llegar realmente la orden emitida por la SEP.
La institución de Reynosa opera desde 2018. En ese periodo ha egresado a 440 estudiantes y actualmente mantiene alrededor de cien alumnos inscritos para iniciar clases el 31 de agosto.
Precisamente esa fecha coincide con el plazo fijado por la Federación para el cierre de las escuelas militarizadas, lo que coloca al Gobierno de Américo Villarreal frente a una compleja decisión jurídica.
Existe además un elemento poco discutido. En Tamaulipas estas instituciones no surgieron únicamente por autorizaciones administrativas; también cuentan con un respaldo legal que hoy complica cualquier desaparición inmediata.
El 14 de agosto de 2018, el entonces gobernador Francisco García Cabeza de Vaca publicó el decreto que creó formalmente el Sistema de Bachilleratos Militarizados del Estado de Tamaulipas.
Ese decreto establece que el sistema es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, además de integrarse formalmente al Sistema Educativo Estatal bajo la coordinación de la SET.
Incluso, el propio documento sostiene: “Que la actual administración pública estatal… ha considerado que una vía adecuada… se localiza en la formación de los jóvenes mediante una educación militarizada…”, justificando disciplina, valores y servicio.
Más adelante añade: “Que el Sistema de Bachilleratos Militarizados del Estado de Tamaulipas tendrá por objeto establecer e impulsar la educación media superior militarizada…”, otorgándole un fundamento jurídico que continúa vigente.
Por eso el verdadero desafío para el Gobierno de Américo Villarreal, no consiste únicamente en obedecer una instrucción presidencial. También deberá modificar un decreto estatal que sigue plenamente vigente.
Difícilmente desaparecerán los planteles como infraestructura educativa. Lo más probable será transformar su naturaleza jurídica, eliminar el concepto de “militarizada” y rediseñar el modelo académico sin afectar a los estudiantes.
No será una decisión sencilla. Padres de familia, alumnos y directivos difícilmente aceptarán perder un proyecto educativo que durante años recibió respaldo institucional del propio Gobierno estatal, aunque gobernado por el PAN en ese entonces, algo que al gobierno de Morena, no le gusta mucho.
Ahora la administración estatal deberá encontrar el equilibrio entre cumplir la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y resolver un conflicto jurídico que nació mucho antes del caso Dafne.
El crimen de Ciudad Madero cambió para siempre la discusión. Lo que comenzó como una exigencia de justicia terminó exhibiendo las profundas contradicciones legales, políticas y administrativas que rodean a las escuelas militarizadas en Tamaulipas.
Nadie regularizó, nadie inspeccionó y todos los gobiernos desde Egidio Torre Cantú avalaron este tipo de instituciones, como es la Academia Militarizada en Ciudad Madero y después la olvidó.
También paso lo mismo con Cabeza de Vaca y la bomba estalló con Américo Villarreal Anaya.
