Los diputados que integran la comisión de Finanzas, abrirán el cabildeo con cuatro Ayuntamientos, para discutir los incrementos del 5% y 10% que proponen dentro de las Tablas Catastrales para el ejercicio fiscal del 2027.
Para estos cuerdos, adelantó Isidro Vargas presidente de la Comisión de Finanzas, no van a estar sujetos a intercambios políticos que en materia electoral, se puedan poner sobre la mesa, “será un acuerdo técnico y que sea viable”.
Incluso, el mismo legislador, consideró que los incrementos del 5% al valor de las Tablas Catastrales con el que se tazan los cobros del predial, “para mi es viable” en Nuevo Laredo y Matamoros, pero se tiene que escuchar los argumentos en el caso de Reynosa y Díaz Ordaz que piden un incremento del 10 %.
Tanto Isidro Vargas Fernández y Humberto Prieto Herrera explicaron que 39 municipios plantean conservar sus valores actuales del 2026 y la discusión se va centrar en los cuatro buscan incrementos.
El legislador explicó que los ajustes catastrales tienen repercusiones directas sobre los ingresos municipales. En el caso de Reynosa, sostuvo que anteriores determinaciones legislativas permitieron fortalecer sus ingresos propios, incluso cuando no fueron autorizados todos los incrementos solicitados.
Como ejemplo, mencionó que una recaudación predial de 300 millones de pesos podría generar 30 millones adicionales mediante un ajuste del diez por ciento.
A ese incremento podrían sumarse mayores participaciones durante 2028, calculadas preliminarmente entre 70 y 80 millones de pesos, según las estimaciones expuestas ante legisladores.
Vargas Fernández recordó que el Congreso ha revisado anualmente las solicitudes de Reynosa y aprobado aquellas disposiciones consideradas jurídicamente procedentes para fortalecer sus finanzas municipales.
Sin embargo, Humberto Prieto Herrera introdujo otro problema: Reynosa permanece fuera del sistema estatal de catastro, decisión que, aseguró, representa pérdidas económicas para el Ayuntamiento.
El legislador explicó que la mayoría de los municipios utiliza la plataforma catastral estatal, mientras Reynosa mantiene un sistema propio para administrar su información territorial.
Según sus estimaciones, esa decisión impide recibir recursos adicionales que podrían representar entre 50 y 60 millones de pesos anuales para las finanzas municipales.
Prieto señaló que Reynosa lleva aproximadamente entre ocho y diez años sin incorporarse, periodo durante el cual calculó una pérdida acumulada cercana a 500 millones.
Por ello, pidió a las autoridades municipales reconsiderar su postura y explorar los beneficios económicos de integrarse al mecanismo de coordinación que ofrece el Estado.
Explicó que la incorporación solamente requiere establecer un convenio con el Gobierno estatal y contar con personal técnico capacitado para operar adecuadamente la plataforma catastral.
El diputado aclaró que participar en este mecanismo no constituye una obligación legal y tampoco implica renunciar a la autonomía financiera que corresponde al Ayuntamiento.
Actualmente, aseguró, 41 municipios forman parte de ese esquema, mediante el cual pueden acceder a beneficios adicionales relacionados con la administración de información catastral.
Prieto consideró que la decisión depende principalmente de la voluntad municipal, pues existen condiciones institucionales para formalizar acuerdos que permitan incrementar los ingresos disponibles.
Insistió en que el objetivo no consiste en quitar facultades a los ayuntamientos, sino facilitar mecanismos de coordinación para aprovechar recursos que actualmente no reciben.
