El huachicol fiscal dejó de ser una sospecha aislada: desde 2022, inversiones millonarias levantaron infraestructura estratégica mientras autoridades aparentemente permanecieron indiferentes ante semejante operación clandestina.
El aseguramiento de tres predios en Ciudad Victoria exhibe una pregunta incómoda: ¿cómo pudo crecer durante pocos años, una infraestructura millonaria sin despertar sospechas oficiales relevantes?
Apenas doscientos metros separaban esos terrenos del oleoducto de Pemex, mientras tanques, pipas y tractocamiones construían un negocio paralelo alrededor del combustible mexicano presuntamente robado.
Lo más grave no está solamente en el cateo reciente, sino en que esa infraestructura comenzó a edificarse desde 2022, frente a autoridades estatales responsables.
Dieciséis tanques industriales, con capacidad individual de ochenta mil litros, representan almacenamiento suficiente para una operación considerable, cuyo valor conjunto difícilmente podía pasar inadvertido durante años.
Cada tanque rondaría en un millón 300 mil pesos, y el complejo habría requerido cerca de cien millones; dinero suficiente para dejar múltiples huellas administrativas verificables.
Pero nadie parece haber preguntado quién financiaba, quién construía, quién almacenaba y quién transportaba hidrocarburos en instalaciones ubicadas junto a una arteria estratégica nacional.
El gobernador Américo Villarreal, reconoció después del aseguramiento que existen predios detectados en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria relacionados con almacenamiento y robo clandestino.
Eso abre una interrogante política mayor: si existen instalaciones semejantes en ciudades estratégicas, ¿desde cuándo fueron identificadas y qué hicieron las autoridades para impedirlas oportunamente?
El problema tampoco nació ayer. El huachicol fiscal se disparó desde 2019, mientras el negocio clandestino evolucionó hacia esquemas industriales capaces de competir con Pemex.
Desde 2022, según las investigaciones citadas, aparecieron mini refinerías y plantas de almacenamiento alternas, algunas con capacidades logísticas que incluso podrían superar instalaciones oficiales existentes.
Y ahí aparece la verdadera falla institucional: durante años, gobiernos estatales y federales tuvieron frente a sus ojos inversiones millonarias, sin explicar por qué nadie actuó oportunamente.
El caso Bugambilias obliga a revisar permisos, movimientos de tierra, licencias, compras, registros fiscales, transporte, almacenamiento y cualquier autorización vinculada directamente con esos terrenos.
También deberán esclarecerse las empresas relacionadas con los vehículos encontrados, sus permisos, operaciones y posibles vínculos comerciales, sin convertir sospechas en sentencias anticipadas.
Porque una investigación seria debe separar responsabilidades empresariales, omisiones administrativas y participación criminal, pero también debe determinar quién permitió que semejante infraestructura creciera impunemente durante años.
El ducto de veinticuatro pulgadas conecta a Ciudad Madero con Cadereyta y transporta enormes volúmenes; colocar almacenamiento clandestino junto a esa ruta revela una planificación preocupante.
Pemex enfrenta pérdidas millonarias mientras redes clandestinas desarrollan infraestructura, logística y almacenamiento; la pregunta inevitable es cuánto tiempo pudieron operar antes de ser descubiertas oficialmente.
Si las autoridades federales, apenas ahora investigan instalaciones construidas desde 2022, entonces la inteligencia financiera, territorial y energética falló durante demasiado tiempo en Tamaulipas.
El huachicol fiscal no solamente roba combustible; también desnuda las grietas del Estado, cuando inversiones multimillonarias pueden crecer cerca de ductos estratégicos sin reacción oportuna.
Ahora corresponde investigar hasta el último peso invertido, cada permiso otorgado, cada empresa involucrada y cada funcionario que pudo conocer estos movimientos durante tantos años.
Porque el verdadero escándalo no será únicamente descubrir tres predios clandestinos, sino confirmar que durante años estuvieron ahí, creciendo, almacenando y operando prácticamente a plena vista o al menos hasta el viernes 7 de agosto, bajo la complacencia de las autoridades del Gobierno de Tamaulipas y la Federación.
