Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La discusión sobre el uso de celulares en escuelas abrió un nuevo debate legislativo, entre proteger a menores y evitar restricciones consideradas excesivas.
La diputada federal Blanca Narro Panameño planteó establecer reglas generales para portar y utilizar dispositivos electrónicos, respetando derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
La propuesta surge mientras el Gobierno Federal prepara una regulación nacional sobre teléfonos celulares y tabletas dentro de planteles de educación básica.
Narro Panameño consideró necesario encontrar un equilibrio entre los riesgos del uso excesivo y una eventual prohibición absoluta, que calificó como desproporcionada.
La legisladora tamaulipeca explicó que el debate contempla prohibiciones totales, límites de edad, horarios determinados y restricciones específicas dentro de escuelas públicas.
Sin embargo, advirtió que cualquier regulación deberá considerar las condiciones económicas, los niveles de conectividad y, principalmente, los derechos fundamentales de las infancias.
La doctora en docencia por la UAT recordó que el periodo ordinario del Congreso comenzará en septiembre, por lo que cualquier reforma deberá esperar.
No obstante, señaló que la regulación de celulares permanece dentro de la agenda legislativa, con miras a establecer medidas aplicables durante 2026-2027.
Actualmente, 16 entidades federativas cuentan con restricciones locales sobre el uso de dispositivos electrónicos en escuelas, aunque bajo distintos criterios y alcances.
Entre ellas se encuentran Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Narro Panameño sostuvo que la discusión debe vincularse con salud, educación, protección de datos personales, violencia digital, responsabilidad empresarial y derechos infantiles.
También propuso revisar experiencias internacionales, debido a que distintos países han aplicado restricciones escolares, límites de edad y horarios para reducir riesgos digitales.
Las medidas extranjeras incluyen controles sobre redes sociales, verificación de edad, publicidad dirigida, protección de datos y obligaciones específicas para plataformas tecnológicas.
La diputada sostuvo que estas experiencias pueden aportar elementos útiles para construir una regulación nacional equilibrada, capaz de proteger a menores sin vulnerar derechos.
