Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Obligar a registrar las líneas celulares puede dificultar algunos delitos, pero resultará insuficiente para terminar con la extorsión telefónica, advirtió Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
La diputada local del PRI cuestionó la efectividad de la medida al considerar que grupos delincuenciales disponen actualmente de alternativas tecnológicas para evadir los controles establecidos oficialmente.
Guillén sostuvo que cerca del 80 por ciento de las extorsiones utilizan números móviles sin asociación con una persona real, complicando la identificación directa de quienes realizan llamadas.
Para la legisladora, antes de exigir el registro generalizado de usuarios, el Gobierno federal debió comenzar bloqueando comunicaciones desde centros penitenciarios, donde aseguró que se originan numerosas extorsiones.
La priista señaló que la delincuencia tampoco depende exclusivamente de telefonía celular tradicional, debido al crecimiento de herramientas digitales capaces de realizar comunicaciones mediante diferentes plataformas y servicios.
Entre ellas mencionó llamadas mediante protocolo de internet, conocidas como VoIP, además de aplicaciones de mensajería que utilizan conexiones de datos o redes Wi-Fi para establecer comunicación.
Esas herramientas permiten evadir parcialmente el control ejercido por compañías telefónicas y representan uno de los principales obstáculos para considerar al registro como solución definitiva contra las extorsiones.
Guillén Vicente planteó además dudas sobre la protección de los datos personales que serán concentrados mediante el nuevo registro y quiénes podrán tener acceso posteriormente a esa información.
Recordó antecedentes relacionados con filtraciones y comercialización ilegal de bases de datos personales, circunstancia que, aseguró, alimenta las preocupaciones respecto de la seguridad del nuevo padrón telefónico nacional.
La diputada recordó que numerosos usuarios ya proporcionaron información personal cuando contrataron planes mensuales de telefonía, sin que esa identificación haya conseguido disminuir significativamente las extorsiones registradas en México.
Por ello cuestionó que el registro obligatorio impulsado mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones constituya la herramienta adecuada para enfrentar un delito que opera mediante diferentes mecanismos tecnológicos.
Guillén insistió en que habría comenzado por eliminar señales telefónicas dentro de los penales, considerando técnicamente posible bloquear comunicaciones en espacios específicos cuando existen condiciones para hacerlo.
La legisladora también recordó casos donde bases con información ciudadana terminaron comercializadas ilegalmente, mencionando antecedentes relacionados con datos del padrón electoral encontrados incluso en mercados de Ciudad de México.
