Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció que la falta de vigilancia sobre permisos para los centros de manejo de hidrocarburos, abrió espacios para instalaciones irregulares y clandestinas como las descubiertas recientemente en Reynosa y Victoria.
El secretario de Desarrollo Energético admitió, en entrevista con MuroPolítico, que deficiencias en verificación, trazabilidad y seguimiento territorial, terminaron favoreciendo actividades irregulares dentro del mercado nacional de combustibles.
Un caso más detonó apenas el miércoles pasado en el sur de Tamaulipas, donde encontraron un predio con más de 68 mil litros de Huachicol.
Pero la explicación de Walter Julián, surge también, después del hallazgo del complejo asegurado en Ciudad Victoria, hace 20 días, y cuya infraestructura habría comenzado a construirse desde 2022, sin ser detectada oficialmente durante aproximadamente cuatro años completos, es decir, en el gobierno de Américo Villarreal Anaya.
Solo ese sitio, representa una inversión estimada a 100 millones de pesos y se encuentra a 200 metros del oleoducto de Pemex que atraviesa ese sector capitalino.
Fue hasta el pasado 7 de agosto cuando fuerzas federales irrumpieron en tres predios del fraccionamiento Bugambilias, ubicados sobre la carretera Victoria-Matamoros.
La FGR, Marina, autoridades federales de seguridad y personal de Pemex participaron en el cateo de aproximadamente diez mil metros cuadrados, donde encontraron infraestructura especializada para almacenar y movilizar hidrocarburos.
El despliegue dejó al descubierto 16 tanques tipo frac tank, pipas, tractocamiones, recipientes industriales y otros equipos cuyo valor acumulado revela la dimensión económica alcanzada por esa instalación clandestina.
Cada frac tank tendría capacidad aproximada para almacenar 80 mil litros y un valor cercano a 1.3 millones de pesos, según estimaciones relacionadas con la infraestructura encontrada durante cateos.
Ángel Jiménez, sostuvo que actualmente existe una estrategia federal de verificación que comienza a cerrar espacios utilizados para trasiego, almacenamiento, distribución y comercialización irregular o adulteración de combustibles.
“Lo importante”, explicó, es que participan conjuntamente la Comisión Nacional de Energía, Profeco, Guardia Nacional y autoridades energéticas para detener actividades ilícitas desarrolladas dentro de la cadena nacional petrolífera.
Pero el secretario reconoció que detrás del crecimiento de estas instalaciones existe un problema acumulado durante años: la falta de seguimiento efectivo sobre títulos otorgados para comercializar y distribuir hidrocarburos.
Ubicó el origen de esa vulnerabilidad entre 2015 y 2017, (es decir, al final del sexenio de Egidio Torre Cantú y el inicio de Francisco Garcíua Cabeza de Vaca), cuando los permisos de comercialización crecieron exponencialmente y “algunos operadores irregulares encontraron espacios para desarrollar instalaciones con escasa trazabilidad”.
Para Walter Julián, aquella expansión generó condiciones donde combustibles podían circular con poca certeza sobre procedencia, almacenamiento y destino, debido precisamente al insuficiente seguimiento regulatorio sobre las actividades autorizadas.
El funcionario descartó relacionar directamente ese fenómeno con la administración estatal anterior y sostuvo que buena parte del problema nació con permisos federales otorgados entre 2015 y 2017.
Sin embargo, el complejo descubierto en Victoria habría comenzado su construcción durante 2022 y permaneció fuera del radar público hasta la intervención realizada por autoridades federales cuatro años después.
Ángel Jiménez, explicó que desde 2024 comenzó una regulación federal orientada hacia la trazabilidad de hidrocarburos, herramienta que, aseguró, está permitiendo identificar, intervenir y asegurar instalaciones presuntamente utilizadas irregularmente.
Ahora será la Fiscalía General de la República quien determine propietarios, operadores y responsabilidades alrededor de los inmuebles, además de establecer cómo funcionaba la infraestructura encontrada en Reynosa y Ciudad Victoria en donde, el dia de los operativos, no se encontraba ninguna persona operando esta infraestructura.
El secretario confirmó que existe una carpeta de investigación federal abierta y señaló que corresponde exclusivamente a la FGR conducir las pesquisas para identificar responsables relacionados con estas operaciones clandestinas.
Walter Julián, no respondió si algún funcionario del Gobierno de Américo Villarreal ha declarado ante la FGR o si les han requerido información.
La investigación en Victoria tiene otro elemento particularmente sensible: los tres predios asegurados están ubicados aproximadamente a 200 metros de un estratégico oleoducto subterráneo propiedad de Petróleos Mexicanos.
Una línea investigativa considera la posible existencia de infraestructura para alcanzar clandestinamente esa tubería y extraer hidrocarburos, aunque corresponderá a las autoridades federales confirmar o descartar finalmente esa hipótesis.
El ducto tiene 24 pulgadas de diámetro, comunica instalaciones petroleras de Ciudad Madero con Cadereyta, Nuevo León, y tendría capacidad para transportar aproximadamente 160 mil barriles diariamente.
Durante las inspecciones también se detectó que habían desaparecido señalamientos de Pemex colocados para advertir sobre la presencia del oleoducto subterráneo junto a la carretera federal número 101.
En los predios aparecieron además vehículos relacionados con Activ Ambiental y Aviltrex, empresas vinculadas comercialmente con transporte, manejo de residuos peligrosos y actividades relacionadas con combustibles alternos industriales.
Las autoridades investigan cualquier posible participación empresarial dentro de las operaciones detectadas.
Información disponible señala que esas compañías no contarían con autorizaciones de CRE o ASEA para determinadas actividades de transporte y almacenamiento de combustibles investigadas actualmente por las autoridades federales competentes.
Aviltrex fue constituida durante marzo de 2023 en San Luis Potosí y aparece relacionada documentalmente con unidades previamente aseguradas durante investigaciones federales vinculadas con combustible presuntamente robado en 2023.
FALLAS DE VIGILANCIA
Walter Julián conoce directamente el funcionamiento regulatorio federal: antes de incorporarse al gobierno de Américo Villarreal, fue comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y participó en procesos relacionados con permisos.
Recordó que desde aquella responsabilidad insistió repetidamente en fortalecer la fiscalización sobre títulos de permiso y actividades comerciales vinculadas con infraestructura utilizada dentro del mercado nacional de los hidrocarburos.
Aseguró que durante su paso por la CRE fueron fortalecidos los procedimientos de vigilancia y cumplimiento regulatorio, alcanzando incrementos superiores al cinco mil por ciento respecto de periodos anteriores.
“La falta de verificación de los títulos de permiso lleva precisamente a esto”, resumió el secretario al explicar las condiciones que facilitaron operaciones irregulares dentro del sector energético mexicano.
Para Ángel Jiménez, combatir estas redes requiere revisar permisos de comercialización y distribución, garantizar cumplimiento regulatorio y mantener presencia territorial suficiente para comprobar que las actividades autorizadas sean efectivamente legales y no se logró.
Por ello, respalda la estrategia federal que permitió descubrir estas instalaciones e insiste en que, años de débil vigilancia regulatoria, dejaron espacios aprovechados por operadores irregulares del mercado.
HUACHICOL: UN BOQUETE MULTIMILLONARIO
El fenómeno rebasa Tamaulipas. Francisco Barnés de Castro, especialista energético, exsubsecretario de Energía y exdirector del Instituto Mexicano del Petróleo, ha documentado dimensiones nacionales del denominado huachicol fiscal.
Sus análisis estiman pérdidas acumuladas superiores a 730 mil millones de pesos durante una década por contrabando y esquemas utilizados para introducir combustibles mediante clasificaciones que permitirían evadir impuestos.
Barnés ha señalado discrepancias importantes entre exportaciones reportadas por agencias estadounidenses e importaciones registradas oficialmente en México, diferencias que representarían cientos de miles de barriles diarios de productos energéticos.
El especialista identifica rutas marítimas, terrestres y ferroviarias, incluyendo puertos estratégicos como Tampico, Altamira, Guaymas y Ensenada, dentro del análisis sobre movimientos de combustibles que presentan inconsistencias estadísticas relevantes.
Además, estimó que durante el primer trimestre de 2026 existió una diferencia aproximada de 100 mil barriles diarios de crudo en reportes petroleros, cálculo cuestionado por autoridades.
En Tamaulipas, el propio gobernador Américo Villarreal reconoció después del aseguramiento de Victoria, que autoridades federales habían detectado predios relacionados con almacenamiento, robo o manejo irregular en varios municipios fronterizos.
Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria aparecen dentro del mapa señalado públicamente, mientras las operaciones federales comienzan a revelar instalaciones cuya dimensión difícilmente corresponde con actividades improvisadas o marginales.
