Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las buscadoras llegaron este domingo hasta Casa de Gobierno para reclamar una deuda que sigue abierta: localizar desaparecidos y responder institucionalmente a sus familias.
En el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos exigieron mejores mecanismos de búsqueda, mayor presupuesto y capacidad oficial para procesar los hallazgos acumulados.
La protesta exhibió nuevamente una realidad incómoda para el Gobierno estatal: son las propias familias quienes continúan entrando a brechas, montes y territorios peligrosos buscando a sus desaparecidos.
Edith González, integrante de Amor por los Desaparecidos de Tamaulipas, aseguró que los colectivos han encontrado más de 100 campos, fosas clandestinas y presuntos sitios de exterminio.
Solamente durante 2026, afirmó, las buscadoras localizaron alrededor de 25 puntos con restos humanos, principalmente dentro de municipios ubicados en la golpeada franja fronteriza de Tamaulipas.
Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán, San Fernando, Río Bravo y Valle Hermoso aparecen entre los territorios donde las familias realizan jornadas siguiendo información, testimonios e indicios recibidos.
Cada incursión, denunció González, expone nuevamente a las buscadoras porque muchas salen sin herramientas elementales de protección y seguridad, llegando incluso a carecer de botiquines durante recorridos.
Mientras las familias encuentran restos, el siguiente cuello de botella aparece dentro de las instituciones: algunos hallazgos realizados desde 2023 continuarían pendientes de procesamiento e identificación oficial.
González atribuyó ese rezago a insuficiencia de personal especializado, recursos presupuestales y capacidad operativa dentro de las fiscalías y organismos responsables de búsqueda e identificación forense en Tamaulipas.
La contradicción golpea directamente a las instituciones: colectivos encuentran posibles sitios clandestinos, pero después enfrentan meses o años esperando procesamiento, identificación y respuestas sobre los restos recuperados.
Las familias reclamaron también espacios adecuados para resguardar restos humanos y demandaron impulsar exhumaciones masivas en fosas comunes donde podrían encontrarse desaparecidos todavía sin nombre ni identificación.
El reclamo alcanzó directamente al Gobierno estatal por acuerdos establecidos desde 2025 que, según González, permanecen pendientes, entre ellos la instalación del Sistema de Atención a Víctimas.
Ese mecanismo debía estar funcionando antes de terminar aquel año, aseguró la activista; sin embargo, los colectivos sostienen que todavía existen compromisos gubernamentales sin materializarse plenamente hasta ahora.
Las buscadoras demandaron aumentar los recursos destinados a localización e identificación, pero también construir capacidades institucionales suficientes para evitar que cada nuevo descubrimiento termine acumulándose sin respuesta forense.
No llegaron hasta las inmediaciones de Casa de Gobierno solamente para recordar a quienes faltan: acudieron para exigir respuestas a las instituciones obligadas legalmente a buscarlos y encontrarlos.
En una jornada dedicada internacionalmente a las víctimas de desaparición forzada, las familias colocaron nuevamente frente al poder estatal fotografías, ausencias y demandas que continúan esperando solución.
