Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Refrescos, bebidas energizantes y comida chatarra podrían quedar fuera de oficinas gubernamentales, hospitales y clínicas públicas de Tamaulipas mediante una nueva prohibición establecida por Morena.
La iniciativa fue presentada por la diputada de Morena, Francisca Castro Armenta, quien propone incorporar restricciones específicas sobre estos productos dentro de la Ley de Salud estatal.
La reforma no estaría limitada únicamente a su comercialización, pues también pretende impedir el suministro, distribución y donación de alimentos y bebidas considerados con elevado contenido calórico.
Las restricciones alcanzarían dependencias pertenecientes al Gobierno estatal, además de hospitales, clínicas y otras instituciones públicas donde actualmente existe disponibilidad o comercialización de productos considerados poco saludables.
La propuesta contempla también retirar las máquinas expendedoras existentes o impedir nuevas instalaciones cuando comercialicen refrescos, bebidas energizantes y productos con cantidades elevadas de azúcar o calorías.
Castro Armenta consideró contradictorio que las instituciones desarrollen campañas para combatir obesidad y diabetes mientras permiten vender dentro de sus propias instalaciones productos asociados con esos problemas.
Para justificar la iniciativa, la legisladora expuso que más del 70 por ciento de los adultos tamaulipecos presenta condiciones relacionadas con sobrepeso u obesidad actualmente en la entidad.
Añadió que 12.8 por ciento de la población mayor de 20 años enfrenta diabetes, enfermedad que representa uno de los principales problemas sanitarios que afectan actualmente a Tamaulipas.
De acuerdo con los datos expuestos por Castro Armenta, Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en pacientes diabéticos, mientras 16.9 por ciento de los adolescentes presenta obesidad.
Las cifras, argumentó la morenista, obligan a modificar también el entorno alimentario existente dentro de instalaciones públicas y no concentrar únicamente la estrategia gubernamental en campañas de concientización.
Si el Congreso aprueba finalmente la reforma, corresponderá a la Secretaría de Salud establecer las disposiciones necesarias para aplicar las restricciones y supervisar su cumplimiento en instituciones estatales.
La iniciativa deberá recorrer todavía el proceso legislativo antes de convertirse en una obligación, pero abre la puerta para sacar definitivamente estos productos de espacios públicos gubernamentales.
