Cada impuesto , aunque se presente como una decisión técnica, define la concepción ideológica del estado. Detrás de cualquier política fiscal existe una pregunta esencial: ¿quién debe financiar al Estado?
El tema es relevante ante las propuestas surgidas en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la cerveza y extenderlo a determinados alimentos con exceso de sodio.
Según lo publicado por La Jornada, se ha planteado un incremento que podría encarecer la cerveza entre 60 centavos y un peso, dependiendo de precio y presentación, y generar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales. Un impuesto a productos con exceso de sodio podría recaudar otros 12 mil millones. En conjunto hablamos de aproximadamente 18 mil 500 millones de pesos.
El argumento utilizado para justificarlo resulta políticamente atractivo: proteger la salud de los mexicanos.
¿Pero realmente hablamos de salud pública? la pregunta debería ser qué condiciones económicas obligan a millones de trabajadores a consumir los alimentos que pueden pagar y no aquellos que serían nutricionalmente deseables.
Resulta sencillo recomendar una alimentación saludable desde un escritorio. Mucho más complicado es preguntarnos cuánto cuesta llevar frutas, verduras, proteínas de calidad y alimentos frescos diariamente a una familia trabajadora.
Los impuestos al consumo poseen una característica que debería preocupar particularmente a cualquier gobierno que se reivindique de izquierda: representan proporcionalmente una carga mayor para quienes tienen menos capacidad económica.
Un peso adicional cuesta un peso para todos en la caja registradora.
Pero socialmente no significa lo mismo.
Para quien posee millones, el incremento en una cerveza, una sopa instantánea o determinado alimento procesado resulta insignificante. Para una familia que destina prácticamente todo su ingreso mensual a alimentación, transporte, vivienda, electricidad, gas, medicamentos y otras necesidades básicas, cada aumento se acumula sobre una economía doméstica permanentemente presionada.
Las clases populares tienen una característica económica fundamental: gastan prácticamente todo lo que reciben porque necesitan hacerlo para vivir, o sea viven al día.
Los sectores de altos ingresos, en cambio, pueden ahorrar, invertir, acumular propiedades y colocar capital en instrumentos financieros.
Por eso no basta preguntar cuánto recauda un impuesto.
Debemos preguntar a quién se lo estamos cobrando.
Nadie puede negar los graves problemas que provocan en México la hipertensión, diabetes, obesidad, alcoholismo y enfermedades cardiovasculares.
Pero convertir automáticamente cada problema sanitario en un impuesto al consumo constituye una simplificación peligrosa.
Si el propósito central del incremento fuera la salud, resultaría lógico esperar que los recursos adicionales fueran destinados específicamente a prevención, atención médica, nutrición comunitaria, deporte, detección temprana de enfermedades o fortalecimiento del sistema público de salud.
Sin embargo, los propios promotores de la propuesta han reconocido que no necesariamente podrán etiquetarse esos recursos para el rubri de la salud.
Entonces la pregunta es :
¿están utilizando la politica fiscal para modificar hábitos de consumo o están utilizando la salud como una justificación políticamente aceptable para recaudar más?
Desde 2018 hemos escuchado que México no necesita una reforma fiscal profunda porque puede incrementarse la recaudación combatiendo la corrupción, eliminando privilegios y evitando la evasión fiscal.
Pero después de ocho años de gobiernos de la llamada Cuarta Transformación ha llegado el momento de formular una pregunta :
¿por qué les resulta fácil discutir nuevos impuestos al consumo popular, pero parece políticamente prohibido discutir una reforma fiscal progresiva sobre las grandes fortunas?
¿Por qué si analizan cuánto cobrar adicionalmente a una cerveza, una bebida azucarada o una sopa instantánea, pero no ponen la misma determinación para analizar los impuestos a las grandes herencias, a las fortunas extraordinarias y mecanismos más progresivos sobre los ingresos del capital?
Por eso el debate debería ser :
¿qué clase social deben aportar proporcionalmente más financiamiento al Estado mexicano?
Desde la izquierda esto es elemental.
No todos los impuestos son socialmente iguales.
Una política fiscal progresiva cobra proporcionalmente más a quien posee más.
Una política regresiva termina haciendo descansar una parte desproporcionada del financiamiento público sobre quienes destinan la mayor parte de sus ingresos a sobrevivir.
No puede sostenerse permanentemente el principio de “por el bien de todos, primero los pobres” mientras se evita discutir una transformación estructural del sistema fiscal que haga realidad otro principio igualmente elemental:
que paguen proporcionalmente más quienes más tienen.
Transferir recursos mediante programas sociales mientras una estructura fiscal no progresiva permanece intacta limita profundamente cualquier proyecto redistributivo.
El debate apenas comienza y todavía no existe una decisión definitiva sobre estos impuestos.
Precisamente por ello estamos a tiempo.
Antes de preguntarnos cuánto más podemos recaudar mediante el consumo cotidiano de millones de mexicanos, debemos abrir una discusión nacional mucho más ambiciosa sobre justicia fiscal.
Que se transparenten las grandes fortunas.
Que se discutan las herencias multimillonarias.
Que se revisen los privilegios y mecanismos de elusión.
Y entonces podremos discutir también, con seriedad sanitaria y no solamente recaudatoria, los impuestos aplicables a productos dañinos para la salud.
Porque resulta muy sencillo encontrar algunos miles de millones de pesos adicionales en millones de bolsillos pequeños.
Lo verdaderamente transformador sería encontrarlos en las pocas fortunas gigantescas donde se concentra una parte extraordinaria de la riqueza nacional.
Una izquierda que teme discutir una política fiscal progresiva y acepta discutir incrementos a impuestos al consumo, terminará administrando con lenguaje progresista una estructura fiscal que nunca se atrevió a transformar.
