Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A tres días del arranque electoral en Tamaulipas, la Suprema Corte tumbó por unanimidad una reforma del Congreso del Estado por violar los tiempos constitucionales y que consistía en impedir candidaturas a quienes tuvieran un proceso judicial y vinculación a proceso.
Morena busca impedir que hubiera candidatos vinculados a proceso
El golpe jurídico dejó sin efectos el Decreto 66-1146, que establecía restricciones para acceder a candidaturas municipales a determinadas personas sujetas a procesos o sentencias penales.
La reforma impedía postular a cargos municipales a quienes estuvieran vinculados a proceso bajo prisión preventiva o hubieran recibido una condena por la comisión de delitos dolosos.
Pero el decreto terminó cayendo no por el contenido de esas restricciones, sino porque el Congreso y la mayoría de Morena, modificó reglas electorales dentro de un periodo expresamente prohibido constitucionalmente.
El Decreto 66-1146 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de julio, solamente 74 días antes del arranque formal del proceso electoral tamaulipeco.
La Constitución federal establece una veda de 90 días durante la cual no pueden realizarse modificaciones legales fundamentales relacionadas con las reglas aplicables al proceso electoral correspondiente.
Bajo el proyecto del ministro Irving Espinosa Betanzo, el Pleno declaró procedentes y fundadas las acciones de inconstitucionalidad acumuladas y ordenó invalidar completamente el decreto impugnado.
La sentencia consideró insubsanable la violación al artículo 105 constitucional, debido a que la reforma fue publicada cuando ya estaba vigente la prohibición para modificar reglas electorales.
Con esa determinación, la Corte frenó una reforma aprobada por el Congreso tamaulipeco justamente cuando la entidad se encuentra prácticamente dentro de la carrera por las elecciones de 2027.
PT, PAN, PRI y SOMOS habían impugnado el decreto mediante acciones de inconstitucionalidad, colocando diferentes cuestionamientos sobre la reforma ante los ministros de la Suprema Corte.
Los partidos argumentaron afectaciones al derecho de ser votado, debido proceso, autonomía municipal, división de poderes y reinserción social, además de incumplirse la veda constitucional electoral.
Sin embargo, la Corte encontró suficiente la violación relacionada con los 90 días y evitó entrar al análisis de los demás cuestionamientos planteados contra las nuevas disposiciones.
Por ello, quedó pendiente determinar si constitucionalmente pueden impedirse candidaturas municipales a personas vinculadas a proceso con prisión preventiva o previamente condenadas por la comisión de delitos dolosos.
La diferencia es relevante: los ministros no declararon inconstitucional el contenido de esas restricciones, sino el procedimiento temporal mediante el cual fueron incorporadas a la legislación tamaulipeca.
El Congreso perdió así completamente la reforma por haber modificado reglas electorales fuera del plazo permitido, sin que la Corte necesitara resolver las demás controversias constitucionales planteadas.
El Pleno también decidió que las anteriores disposiciones del Código Municipal no recuperarán automáticamente vigencia, debido a que permanecen controvertidas mediante otra acción de inconstitucionalidad todavía pendiente.
Para los ministros, revivir esas normas cuando está por comenzar la contienda podría afectar la certeza jurídica que debe prevalecer durante la organización y desarrollo del proceso electoral.
La Suprema Corte descartó además que la caída del decreto provoque un vacío legal capaz de poner en riesgo las reglas necesarias para desarrollar las elecciones tamaulipecas de 2027.
Los artículos 35, 38 y 115 de la Constitución federal, acompañados por la legislación estatal vigente, ofrecen un marco jurídico suficiente para sostener legalmente la próxima contienda.
El fallo llega en un momento políticamente sensible: solamente tres días antes del inicio formal del proceso electoral, dejando fuera una reforma que pretendía establecer nuevos filtros para candidaturas.
Con la resolución unánime, Tamaulipas entrará al proceso electoral 2026-2027 sin las restricciones incorporadas mediante el Decreto 66-1146 y con su discusión constitucional de fondo todavía pendiente.
