Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral busca cerrar el paso a campañas anticipadas rumbo a 2027 mediante nuevas reglas para fiscalizar procesos internos partidistas.
El Consejo General del INE analiza lineamientos generales dirigidos a regular actos, actividades, propaganda y mecanismos políticos vinculados con las elecciones federales y locales 2026-2027.
Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, explicó que la propuesta responde a vacíos legales existentes alrededor de precampañas y procesos anticipados.
El objetivo será establecer reglas claras para partidos políticos que ya comenzaron movimientos internos, actividades territoriales y definiciones relacionadas con futuras candidaturas a cargos públicos.
Los lineamientos impedirán que quienes participen en procesos partidistas entreguen dádivas, utilicen spots en radio o televisión o empleen recursos públicos para promocionarse.
También se prohibirá a servidores públicos emitir manifestaciones a favor o en contra de quienes se encuentren formalmente inscritos dentro de mecanismos internos de selección.
Montaño señaló que las disposiciones serán semejantes a las aplicables durante precampañas y campañas, particularmente en materia de fiscalización y utilización de recursos públicos.
La restricción abarcará recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos, logísticos e institucionales, además de programas sociales, bienes públicos, servicios gubernamentales y cualquier apoyo proveniente del Estado.
El proyecto incorpora además un apartado específico para fiscalizar recursos y gastos de cada persona participante dentro de los procedimientos internos organizados por las fuerzas políticas.
Los partidos tendrán obligación de establecer un tope de gasto individual para cada aspirante registrado, con el propósito de impedir ventajas económicas desproporcionadas durante esas competencias.
Quienes participen deberán informar gastos operativos, traslados, hospedaje, propaganda colocada en espacios públicos y publicidad contratada mediante diferentes plataformas o medios de comunicación.
También tendrán que declarar recursos utilizados en salas cinematográficas, internet, redes sociales, logística y actividades vinculadas con jornadas electivas o consultas realizadas dentro de partidos.
La propuesta establece que bienes y servicios únicamente podrán contratarse con proveedores previamente inscritos en el Registro Nacional de Proveedores administrado por el Instituto Nacional Electoral.
La Unidad Técnica de Fiscalización quedará encargada de efectuar monitoreos, visitas de verificación y procedimientos destinados a comprobar el origen y destino de recursos utilizados.
Los partidos políticos, por su parte, deberán presentar informes individualizados sobre ingresos y gastos relacionados directamente con cada persona registrada en sus respectivos procedimientos de selección interna.
Montaño sostuvo que estas obligaciones permitirán seguir el dinero desde etapas tempranas y evitar que actividades políticas previas queden fuera del control y vigilancia electoral institucional.
El planteamiento surge cuando diversas fuerzas políticas ya comenzaron movimientos rumbo a 2027, aun cuando los tiempos formales de precampañas y campañas todavía no inician.
Con estas reglas, el INE pretende impedir que los procesos internos funcionen como campañas adelantadas sin fiscalización, topes de gasto ni controles sobre recursos públicos utilizados.
La discusión deberá definir hasta dónde podrán llegar partidos y aspirantes antes de los periodos formales, así como las obligaciones financieras que deberán cumplir anticipadamente.
El nuevo esquema también busca dar mayor certeza a la competencia, evitando que algunos perfiles construyan ventajas mediante propaganda, estructura pública o recursos no reportados oficialmente.
