En Tamaulipas cambian los partidos gobernantes, pero ciertas prácticas parecen resistir cualquier transformación: expedientes judiciales, presiones políticas y adversarios obligados a defenderse permanentemente ante tribunales.
Durante el panismo, Morena denunció persecuciones y amenazas. Ahora, desde el gobierno, enfrenta cuestionamientos parecidos. La ironía es evidente: cambiaron los protagonistas, no las sospechas.
Rómulo Garza Martínez, exsecretario de Bienestar Social, permanece encarcelado por un proceso relacionado con presuntas irregularidades en adquisiciones realizadas durante el gobierno anterior de Tamaulipas.
El exfuncionario sostiene que le ofrecen beneficios a cambio de responsabilizar a Francisco García Cabeza de Vaca. Es una acusación grave que exige investigación independiente.
Si alguien condiciona beneficios judiciales a declaraciones fabricadas, habría una desviación intolerable de la justicia. Si existe evidencia legítima, debe presentarse sin chantajes ni negociaciones.
Carlos García González, antiguo secretario de Desarrollo Económico, también aparece en relatos sobre responsabilidades atribuidas al exgobernador. Cada testimonio requiere corroboración, no utilización política automática.
Gloria Molina, exsecretaria de Salud, denunció presiones para asignar contratos durante aquella administración. Su testimonio abre preguntas sobre órdenes, responsabilidades y posibles beneficios económicos indebidos.
Pero una cosa es investigar contratos y otra convertir declaraciones en instrumentos de presión. La justicia exige documentos, peritajes y procedimientos capaces de resistir escrutinio.
También reaparecen observaciones sobre cuentas públicas de Maybella Ramírez, exalcaldesa de San Fernando y hoy aspirante del PAN, nuevamente a la Alcaldía. Revisarlas corresponde a las autoridades; hacerlo selectivamente dañaría la confianza ciudadana institucional.
Enrique Rivas, exalcalde de Nuevo Laredo, tiene una orden de aprehensión vigente. La Fiscalía busca colaboración internacional, pero no ha confirmado oficialmente su paradero actual.
Por eso sería irresponsable presentar como hecho consumado su fuga o una ficha roja emitida. Las investigaciones deben avanzar sin convertir rumores en sentencias públicas.
El alcalde panista Miguel Ángel Almaraz, enfrenta un escenario de fiscalización que exige claridad. Lo mismo ocurre con procesos que involucran a Yahleel Abdala Carmona.
Andrés García Repper, Francisco Noriega Orozco y Angélica Pedraza Melo han defendido la actuación ajena a intereses electorales. La prueba estará en expedientes y resultados.
Porque esa frase de que no existen tintes políticos ya se escuchó durante el gobierno panista. Entonces había carpetas, acusaciones y adversarios recurriendo al amparo.
En 2022, Américo Villarreal enfrentó una disputa jurídica y política por la gubernatura. La resolución electoral terminó confirmando el resultado, pese a las controversias previas.
En aquella defensa participaron figuras como Tania Contreras, Eduardo Govea y Andrés García Repper, tres de las personas claves de la defensa jurídica electoral de Américo. Hoy ocupan responsabilidades institucionales y deben garantizar iguales reglas para todos.
Nadie pide impunidad para funcionarios. Si desviaron recursos, deben responder. Pero tampoco puede tolerarse que la investigación penal se convierta en herramienta de sometimiento político.
La coincidencia entre ambos gobiernos resulta incómoda: cada cual aseguró perseguir delitos, nunca adversarios. Y cada cual dejó dudas sobre el momento de sus decisiones.
Morena llegó prometiendo marcar distancia frente al PAN. Si reproduce métodos de intimidación o utiliza expedientes, la transformación corre el riesgo de convertirse en relevo.
Al final, los colores cambian, los discursos se reciclan y las sospechas sobreviven. La diferencia aparecerá cuando ninguna investigación dependa del partido que gobierna Tamaulipas.
La ironía central queda en el contraste entre el PAN que antes gobernaba y Morena que ahora ejerce el poder: ambos han sostenido que sus procedimientos judiciales carecen de motivaciones políticas, los hechos hablan en otro tono.
