Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reforzó la vigilancia sobre proveedores mediante auditorías, verificaciones domiciliarias e investigaciones derivadas de denuncias particulares.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la dependencia, informó que el programa busca comprobar que empresas y personas físicas cumplan los requisitos legales establecidos.
La funcionaria explicó que también se revisan domicilios reportados por proveedores, además de investigar señalamientos relacionados con posibles incumplimientos dentro de los procesos administrativos.
Pedraza Melo destacó que se trata de un esquema intensivo de fiscalización que, aseguró, no se aplicaba anteriormente con el mismo nivel de seguimiento.
Durante lo que resta del año, la dependencia atenderá auditorías programadas por instancias federales y estatales, con plazo hasta diciembre para concluir los procedimientos correspondientes.
La Auditoría Superior de la Federación programó 19 revisiones, mientras la Secretaría Anticorrupción federal mantiene cinco auditorías coordinadas actualmente con el Gobierno de Tamaulipas.
A nivel estatal se desarrollan alrededor de 25 auditorías relacionadas con desempeño, finanzas, cumplimiento, obra pública, visitas de control y procesos de inspección.
Pedraza Melo señaló que las observaciones federales se han reducido respecto de ejercicios anteriores, al comparar los montos detectados en diferentes cuentas públicas.
Para la cuenta pública 2023 se observaron aproximadamente 14 millones de pesos, mientras en 2024 la cifra reportada descendió a cerca de 10 millones.
En la revisión correspondiente a 2025, agregó, hasta el momento no existe un monto observado definitivo por parte de los órganos fiscalizadores federales.
La secretaria contrastó esas cifras con los más de dos mil millones de pesos en observaciones que, sostuvo, encontraron al asumir la actual administración estatal.
Entre las dependencias revisadas aparecen Salud, Obras Públicas y Educación, además de áreas involucradas en la ejecución y manejo de participaciones federales del Ramo 28.
Pedraza Melo indicó que existe instrucción del gobernador Américo Villarreal para atender observaciones y mantener coordinación permanente con las instituciones responsables de fiscalizar recursos públicos.
La dependencia también mantiene investigaciones administrativas que ya derivaron en 44 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Además, 90 expedientes fueron turnados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y 230 servidores públicos han recibido sanciones por faltas consideradas no graves.
En el caso de Salud, la secretaria confirmó 14 denuncias presentadas desde noviembre pasado, relacionadas con decisiones administrativas y procedimientos vinculados con contrataciones públicas.
Explicó que esos expedientes involucran a personas que participaron en distintos niveles de decisión dentro de procesos de contratación desarrollados en la dependencia sanitaria.
