Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Poder Judicial de Tamaulipas requiere incorporar nuevos jueces para enfrentar la creciente carga laboral y operar el nuevo modelo de justicia civil y familiar.
Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial, explicó que la necesidad está directamente relacionada con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La fecha límite constitucional para operar plenamente bajo el sistema de oralidad está fijada para el próximo primero de abril de 2027.
Ante ese escenario, Contreras confirmó que mantiene conversaciones con el Congreso local para formalizar una solicitud de al menos tres nuevas personas juzgadoras.
Los nuevos jueces permitirían distribuir mejor la carga de trabajo y atender las necesidades que surgirán durante la transición hacia el nuevo esquema procesal.
Será el Poder Legislativo quien determine la vía jurídica para incorporar esos perfiles, ya sea entre participantes de la elección judicial o mediante otros mecanismos habilitados.
Contreras recordó que recientemente fueron presentadas dos licencias de jueces ante el Congreso, situación que obligó a realizar ajustes internos dentro de la estructura judicial.
Algunos movimientos, explicó, responden a solicitudes de los propios juzgadores, mientras otros obedecen directamente a las necesidades operativas del servicio de impartición de justicia.
La presidenta señaló que el verdadero reto será calcular cuánto crecerá la demanda y qué impacto tendrá sobre juzgados civiles y familiares durante los próximos meses.
Para enfrentar esa presión, planteó al Congreso esquemas mixtos que combinen nuevos mecanismos de acceso con perfiles experimentados provenientes de la carrera judicial.
Contreras explicó que después de la reforma constitucional que instauró la elección popular de juzgadores surgieron preocupaciones sobre la preservación de experiencia técnica y profesionalización.
Barras de abogados, especialistas y autoridades judiciales han planteado incorporar criterios rigurosos de trayectoria y experiencia dentro de futuras leyes secundarias y ajustes normativos.
La propuesta busca impedir que la apertura democrática del sistema termine desplazando completamente conocimientos acumulados durante décadas dentro de los órganos de impartición de justicia.
