Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma constitucional para impedir candidaturas presidenciales, estatales y capitalinas de personas con doble nacionalidad.
El dictamen modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y obtuvo 344 votos favorables, 116 en contra y una abstención.
Después de la votación general, el pleno inició la discusión de 276 reservas, que serán desahogadas en bloques conforme al acuerdo parlamentario establecido.
Morena defendió la reforma bajo el argumento de garantizar que quienes encabecen poderes ejecutivos mantengan un vínculo jurídico y político exclusivo con México.
La oposición, en contraste, cuestionó que la medida limite derechos políticos de mexicanos residentes en el extranjero que adquirieron una segunda nacionalidad.
Leonel Godoy Rangel, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, sostuvo que la modificación pretende reforzar obligaciones de lealtad institucional hacia el Estado mexicano.
El legislador explicó que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de registrarse como candidatos a la Presidencia de la República o gubernaturas.
La restricción también alcanzaría a quien ya ejerza esos cargos, pues quedaría impedido de solicitar o utilizar otra nacionalidad distinta de la mexicana.
Godoy aclaró que los nuevos requisitos no entrarían en vigor inmediatamente, sino que comenzarían a aplicarse a partir del proceso electoral correspondiente a 2028.
Diputados del PRI protestaron con cartulinas alusivas a la comunidad migrante y señalaron que la reforma podría afectar los derechos políticos de mexicanos binacionales.
César Alejandro Domínguez acusó que los cambios podrían utilizarse para excluir determinados perfiles políticos y cuestionó el argumento relacionado con la protección de soberanía.
Por el PT, Lilia Aguilar Gil precisó que las restricciones aplicarían únicamente para aspirantes presidenciales y gubernaturas, no para cargos legislativos federales o estatales.
Durante el debate, Aguilar también lanzó acusaciones políticas contra el PRI y defendió la reforma como una medida destinada a preservar decisiones ejecutivas nacionales.
La discusión continuará con las reservas presentadas antes de que el proyecto concluya su tránsito legislativo y pueda avanzar hacia las siguientes etapas constitucionales.
