Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría Anticorrupción mantiene bajo seguimiento 135 procedimientos relacionados con presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos y exige avances institucionales.
Norma Angélica Pedraza Melo informó que 44 casos corresponden a denuncias penales presentadas ante fiscalías y 91 expedientes fueron enviados al Tribunal Administrativo.
Las denuncias penales involucran conductas que, según las investigaciones administrativas realizadas, podrían encuadrar en delitos atribuidos principalmente a ex servidores públicos estatales.
Pedraza sostuvo que la dependencia espera resultados de las investigaciones y señaló que algunos expedientes ya registran movimientos dentro de las instancias encargadas.
Como ejemplo, mencionó un procedimiento relacionado con una ex titular de la Contraloría Gubernamental, donde aseguró que ya existen avances en la determinación jurídica.
La funcionaria indicó que corresponde ahora a las fiscalías establecer responsabilidades penales, respetando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
Además de las denuncias ministeriales, Anticorrupción remitió 91 expedientes al Tribunal de Justicia Administrativa por conductas consideradas graves dentro del servicio público.
Esos procedimientos deberán resolverse conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas y podrían derivar en sanciones si las autoridades acreditan las irregularidades señaladas.
Pedraza explicó que la Secretaría mantiene presión institucional mediante oficios periódicos dirigidos tanto a las fiscalías como al Tribunal para conocer avances registrados.
Los requerimientos de seguimiento suelen enviarse cada cuatro o seis meses, dependiendo de la naturaleza del expediente y de la instancia competente para resolverlo.
La dependencia busca evitar que los procedimientos queden detenidos después de haber concluido las investigaciones administrativas y trasladado los casos ante autoridades sancionadoras.
Pedraza reiteró que Anticorrupción continuará solicitando actuaciones y resultados, mientras corresponde a fiscalías y Tribunal determinar responsabilidades conforme a sus respectivas competencias legales.
