A doce años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la CIDH pidió acelerar investigaciones y preservar los avances alcanzados hasta ahora.
El organismo internacional llamó al Estado mexicano a profundizar las acciones destinadas a establecer el paradero de los estudiantes y esclarecer responsabilidades todavía pendientes.
La Comisión expresó además preocupación por el resurgimiento de versiones que cuestionan o minimizan la posible participación de elementos del Ejército en los hechos.
Subrayó que corresponde exclusivamente a las autoridades competentes investigar responsabilidades y determinar posibles sanciones, particularmente mediante la unidad especial creada para el caso Ayotzinapa.
Por separado, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas destacó la persistencia de las familias en la búsqueda de verdad y justicia.
La ONU-DH señaló que Ayotzinapa continúa siendo un caso abierto y un símbolo que mantiene vigente la exigencia de respaldo institucional y solidaridad social.
La CIDH reconoció que familiares, representantes, autoridades y organizaciones nacionales e internacionales han aportado elementos técnicos relevantes, aunque los 43 jóvenes siguen desaparecidos.
Según el organismo, ese esfuerzo colectivo permitió reconstruir partes importantes de los hechos e identificar irregularidades dentro de investigaciones realizadas durante los primeros años.
También destacó que esos trabajos ayudaron a cuestionar versiones oficiales anteriores y a sostener nuevas líneas destinadas a esclarecer el caso y reparar daños.
Pese a esos avances, la Comisión advirtió que todavía no existe esclarecimiento completo de los hechos y persiste incertidumbre sobre diversos procesos judiciales abiertos.
La CIDH cuestionó además una reciente recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relacionada con aportaciones técnicas utilizadas para investigar el caso.
El organismo señaló que algunos de esos trabajos permitieron desmontar científicamente la denominada “verdad histórica”, vinculada con la supuesta incineración de estudiantes en Cocula.
A juicio de la Comisión Interamericana, desacreditar esas aportaciones podría debilitar la cooperación internacional y afectar derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.
La CIDH recordó que el Estado mexicano ha expresado disposición para mantener cooperación e interlocución con organismos internacionales durante el desarrollo de las investigaciones pendientes.
Insistió en que las indagatorias deben abarcar cadena de mando político, corporaciones de seguridad, procuración de justicia y posibles responsabilidades de funcionarios involucrados.
También pidió profundizar líneas relacionadas con una eventual participación de militares, policías y posibles vínculos de agentes estatales con grupos criminales que operaban en Guerrero.
La Comisión recordó que México acordó en dos periodos la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para colaborar técnicamente con las investigaciones.
Paralelamente, mantuvo seguimiento mediante el Mecanismo Especial para el asunto Ayotzinapa, enfocado en localizar estudiantes y garantizar atención a sobrevivientes y familiares.
Durante una de sus últimas etapas, el GIEI tuvo acceso a videos que mostraron conocimiento de anomalías durante diligencias realizadas por la entonces Procuraduría General.
Por su parte, el Equipo Argentino de Antropología Forense recordó que participa desde octubre de 2014 como perito independiente, a solicitud de familiares.
El grupo sostuvo que cualquier avance debe descansar sobre evidencia clara, verificable y sólida, particularmente cuando se trata de establecer responsabilidades o localizar restos.
Las familias marcharán nuevamente bajo el lema “Ayotzinapa: 12 años de lucha, 43 la luz que no se apaga”, manteniendo vigente su exigencia.
El EAAF reiteró su compromiso como perito independiente y señaló que las familias continúan siendo la fuerza central que sostiene la demanda de verdad.
